El Ayuntamiento de Sant Antoni ha solicitado al departamento de Demarcación de Costas de las Illes Balears la revocación del permiso del chiringuito de Cala Gració. Según explicó en el último pleno municipal Cristina Ribas, concejala de Urbanisme, «se entiende, por parte del Ayuntamiento y de los técnicos, que el permiso se dio a través de una modificación errónea de los terrenos». A juicio de Ribas, se calificó como urbanizable una parcela de terreno que es de suelo rústico.
Se trata de un argumento novedoso que no utilizó el Ayuntamiento cuando el año pasado se amparó en la necesidad de presentar el certificado final de obra –que ellos tenían que emitir y que la nueva Ley 6/2019, que modifica la Ley balear de Actividades, dice que ya no es necesario que emita– para que el chiringuito pudiera iniciar su actividad.
Informes contradictorios
En este sentido, cabe recordar que los días 18 y 22 de mayo de 2018 se presentaron dos informes técnicos, por parte de la inspectora de Urbanisme y Activitats y por la arquitecta municipal, poniendo de manifiesto la existencia de «ilegalidades» en el expediente tramitado por Costas. Señalaron que la actividad se encontraba en suelo rústico protegido con la categoría de Área de Protección Territorial (SRP-APT).
Sin embargo, el informe jurídico municipal -emitido el 5 de julio- desmintió dichas afirmaciones apoyándose en la Ley 6/1999 de las Directrices de Ordenación Territorial de les Illes Balears. Y es que, según especificó el secretario, la normativa balear señala que para que el terreno tenga la consideración de suelo rústico protegido tiene que estar a 500 metros desde el límite interior de la ribera del mar. Por ello, el informe del secretario calificó de «errónea» la afirmación de los informes técnicos y expuso que el área donde se ubicaba el chiringuito tiene la categoría de suelo rústico de régimen general.
La firma de Valdés
El hecho de que ahora el Ayuntamiento diga que la instalación se ubica en un «área no permitida» difiere mucho de lo acordado en la junta de gobierno local en abril del año pasado; una sesión a la que acudieron Aída Alcaraz, Cristina Ribas, Francisco Tienda, Joaquín Granero, José Antonio Ferragut, Juan Costa, Pablo Valdés y que estuvo presidida por Josep Tur ‘Cires'.
Allí se trató, como asunto de urgencia, el permiso de instalación y actividad del chiringuito solicitado por la empresa Bambagas S.L. En el acta se puede leer que «la Junta de Gobierno declara por unanimidad la urgencia del asunto [...] solicitando permiso de instalación para la actividad permanente mayor de quiosco-bar, a ubicar en la zona de Dominio Público de Punta de Cala Gració».
El acta expone que, durante el periodo de información pública, no se presentaron alegaciones y que «el proyecto de actividades cumple la normativa urbanística en cuanto al uso» al no afectar al espacio de la Red Ecológica Europea Natura 2000. Por ello, la Junta de Gobierno aprobó por «unanimidad» la propuesta de Bambagas S.L.
Por otra parte, Pablo Valdés, concejal de Medi Ambient, reconoció en la sesión plenaria celebrada el pasado mayo que fue él quien firmó el informe favorable que se remitió a Costas. Este documento fue hecho y firmado, también por un ingeniero, contratado de forma externa, que abandonó el Ayuntamiento poco después de saltar la polémica.
En cuanto al informe favorable, Valdés lo remitió a Costas el 11 de mayo de 2017 que registró la entrada un día después. «Revisada la documentación referente al expediente de su referencia, se emite informe favorable por parte de esta administración en relación a la instalación propuesta en esta zona, si bien se vincula a la obtención de todas aquellas autorizaciones necesarias relativas a su intalación y funcionamiento, y siempre previas a su puesta en funcionamiento».
Autorizaciones a las que dieron el visto bueno en la Junta de Gobierno Local que dio luz verde a la empresa a montar la instalación.
Bambagas S.L.
La empresa promotora del chiringuito de Cala Gració envió un escrito al Ayuntamiento de Sant Antoni hace unas semanas en el que informaba sobre su intención de abrir el negocio el próximo mes de mayo, ya que la concesión es hasta 2020.
En paralelo, Bambagas S.L. ha encargado a una prestigiosa empresa con sede en Barcelona un exhaustivo peritaje para cuantificar los perjuicios económicos derivados de la decisión de Sant Antoni de no permitir la apertura de la instalación el pasado verano. El peritaje está en su última fase por lo que se conocerá en las próximas semanas.
Ante esta situación, la empresa ya presentó un requerimiento en el Ayuntamiento el año pasado en la que le recordó los «daños personales» causados ante la imposibilidad de abrir el negocio, el despido de todos los trabajadores, el «perjuicio económico» de mantener la estructura y el hecho de «perder» la temporada. Concretamente, apuntaron que los costes de mantener mensualmente esta instalación superaban los 25.000 euros ya que la propiedad tuvo que contratar a una empresa de seguridad las 24 horas al día tras sufrir diversos actos vandálicos denunciados ante la Policía y la Guardia Civil.