Francisco Javier Ortega Smith-Molina (Madrid, 1968), secretario general de Vox, visitó ayer Ibiza junto al líder de la formación en Balears, Jorge Campos. Nos concedió una entrevista poco antes de llevar a cabo un acto en el Centre Cultural de Jesús.
¿Qué expectativas tienen en las dos citas electorales que vienen, el 28 de abril y el 26 de mayo?
—Muy optimistas. Confiamos en entrar con tanta fuerza en el Congreso y en el Senado como para ser decisivos en el Gobierno de la nación. Estamos seguros que Baleares aportará varios diputados y varios senadores. Estamos trabajando duro para presentar candidaturas en los municipios más importantes y a todos los consejos insulares. Nuestros votantes tienen claro que se necesita un cambio.
¿Un cambio en qué sentido?
—Una revolución. Vamos a darle la vuelta a España. ¿Hacia dónde? Hacia la España que nos están negando. La España de la unidad, de la concordia entre españoles, de libertad en todos los sentidos, Estado de Derecho, respeto a los valores, donde se habla de igualdad de oportunidades en la economía, en la educación, en el empleo. Va a ser un hito histórico. Vamos a tener más de medio centenar de diputados.
¿Esa revolución implica un modelo recentralizador de competencias al Estado o defiende el autogobierno autonómico que establece la CE y el Estatuto de Autonomía?
—Recentralizar no nos convence. No somos centralistas. Tenemos un proyecto nacional y defendemos un gobierno único y un parlamento único que represente a toda la soberanía nacional. Y tiene que haber un único Poder Judicial y que el Tribunal Supremo sea la última instancia judicial. Queremos que el Tribunal Constitucional, que ahora no es más que una cámara política, se convierta en una Sala sexta del Supremo. Defendemos una descentralización a favor de los ayuntamientos y que el poder político sea uno y la Administración sea la más cercana a los ciudadanos que son las municipales.
Han establecido en Baleares una línea roja para pactar con cualquier fuerza política, la derogación de la Ley balear de Normalización Lingüística. ¿Están en contra de la cooficialidad del castellano y el catalán?
—Sí, estamos en contra. Para nosotros el catalán no es una lengua de Baleares. Es una imposición pancatalanista. Vamos a defender la libertad en el uso del mallorquín, menorquín e ibicenco como lenguas propias y que cualquier español tenga garantizado el derecho de educar a sus hijos en su lengua materna y especialmente en español. También dirigirse a la Administración en español y que no tenga trabas para acceder a una plaza pública por hablar en español. Derogar la ley de inmersión lingüística de 1986 será un requisito sine qua non. Promoveremos la modificación del Estatuto, cuando tengamos la fuerza suficiente, para que no sea el catalán la lengua oficial, sino el mallorquín, menorquín e ibicenco.
Al margen de la denominación de las lenguas, ¿cree que ambas deben ser cooficiales?
—No es una cuestión lingüística sino política, porque los que utilizan la imposición del catalán, con la colaboración del PP y Ciudadanos, lo hacen como vehículo de una idea política. Sus políticas lingüísticas están al servicio del separatismo. Se ha querido utilizar las lenguas para dividir a los españoles. En Baleares no se puede educar a un solo niño en español. Aunque quieras hacer un centro privado. Pero si lo quieres educar en chino, alemán o arameo, lo puedes hacer. Pero en español no está garantizado. Eso es totalitarismo.
¿Piensan que deben existir mecanismos compensatorios de la insularidad?
—Entendemos que sí. Por sus circunstancias geográficas que provocan el encarecimiento de las cosas, debe haber compensaciones para compensar las desigualdades. Creemos en la igualdad de oportunidades que establece el artículo 14 de la Constitución. Y no puede haber igualdad cuando se parte de circunstancias desfavorables como la insularidad. Tenemos que favorecerlo con medidas que ya se aplican y con otras medidas.
La problemática de la vivienda es especialmente grave en Ibiza. ¿Qué opinan ustedes sobre el alquiler turístico y sobre el hecho de que no haya vivienda pública?
—Hay que promover la libertad en la actividad turística de alquilar alojamientos porque eso está favoreciendo a mucha gente teniendo unos ingresos. El mercado debe ser libre pero no puede haber desigualdad con los hoteles, cuando a estos se les exigen medidas sanitarias, de seguridad, etc. y en cambio haya otros que conviertan sus viviendas en «hoteles patera». Y sobre la vivienda pública, vamos a promover sobre todo en las islas, los alquileres a bajo coste. Tenemos una población de funcionarios, personal sanitario, etc. que no tienen la capacidad de comprar una vivienda o que los costes son muy caros. Hay que liberalizar suelo, que hay suelo de sobra.
¿Son ustedes islamófobos, machistas y homófobos?
—No. Hay que acabar con la ideología de género. Los hombres y mujeres debemos ser iguales ante la Ley y nos ponen esas etiquetas porque denunciamos las mafias del feminismo supremacista que viven de las subvenciones promoviendo leyes de desigualdad. Creemos en la libertad religiosa pero no aceptamos la invasión islamista que sufre Europa.