El PP ha registrado más de 300 peticiones de documentación para que el Govern entregue todos los currículums de los altos cargos del Ejecutivo y de los asesores, el nivel de catalán que acredita cada uno de ellos y si se han sumado o no al código ético que se aprobó en la anterior legislatura.
Los ‘populares' quieren analizar el currículum de todos los altos cargos para determinar después si solicitan el examen de idoneidad a través de una comparecencia parlamentaria.
En la anterior legislatura, ya tuvieron que comparecer dos miembros de empresas públicas para demostrar su idoneidad a petición de Podemos: Juli Fuster, marido de la consellera Patrícia Gómez, en el IB-Salut, y Francisco Fernández Terrés, como gerente del SITIBSA. En esta ocasión, el PP critica al nombramiento de Pau Thomàs, hijo del president del Parlament, Vicenç Thomàs, como responsable de la Secretaria de Projectes del gabinete de la presidenta Francina Armengol.
La diputada del PP Núria Riera critica, además, que el Govern haya aumentado en estructura, con más altos cargos que en la anterior legislatura, cuando la Conselleria d'Hisenda ha ordenado el bloqueo de partidas presupuestarias porque debe entregar un plan de ajuste de gasto al Ministerio de Hacienda.
Además de los currículums y la adhesión al código ético, el PP pide una copia de las actas de las reuniones celebradas por la Comisssió d'Ética Pública durante la anterior legislatura, desde su creación en mayo de 2016. Solicita, también, una copia de los informes de supervisión elaborados por esta comisión referidos al seguimiento del cumplimiento del código ético por parte de los altos cargos.
La aprobación del Código Ético del Govern implicó la creación de esta comisión, que se reunió tras el ‘caso Contratos'. En el acuerdo del Govern por el que se puso en marcha esta comisión se añade que debe reunirse, como mínimo, dos veces al año. «Anualmente ha de elaborar un informe de supervisión del cumplimiento del código ético de los cargos públicos y asimilados de la Administración». El texto añade que el informe puede incluir recomendaciones y debe presentarse anualmente al Consell de Govern. Añade, por último, que sus recomendaciones deben ser públicas.