La moción presentada en el pleno de este miércoles por Unidas Podemos para la creación de una dirección insular de Igualdad y LGTBI en el Consell d'Eivissa fue rechazada por el equipo de gobierno (PP y Cs) al considerar que no es el «método» adecuado.
A juicio del popular Mariano Juan, vicepresidente de la institución, «es más importante el contenido que el continente», por lo que consideró más efectivo desarrollar políticas de igualdad, género y orientación sexual que crear un departamento específico. «Si tan importante es crear un título, ¿por qué no lo propuso en el gobierno anterior que era el competente en materia de Igualdad? No solicitó que hubiera una conselleria ni una dirección insular cuando era competencia del Govern balear», recriminó a Viviana de Sans.
Sin embargo, la podemita le recordó que, desde el año pasado, el Consell tiene las competencias en esta materia, además de contar con una partida anual de 537.000 euros para poder desarrollar las políticas necesarias. «La voluntad de un gobierno se manifiesta con un título», espetó al tiempo que dijo que «tenían la oportunidad de marcar la diferencia y estar a la altura de la evolución social de nuestro país». Incluso apuntó que, la creación de esta dirección insular, «podría marcar distancias con sus socios homófobos de Vox».
El PSOE se unió a la petición de Unidas Podemos y lamentó que el equipo de gobierno no haya designado una dirección insular a Igualdad y Juventud.
Por su parte, Juan pidió que les dieran la oportunidad de gobernar y se vanaglorió de que el actual gobierno es el «más diverso y plural» de la historia de la institución después de que De Sans dejara caer que solo una mujer ocupara la bancada central del pleno.
Además, el hecho de que el Consell tenga las competencias supone, a parecer del vicepresidente, una «hipoteca» que no permite al equipo de gobierno actuar como quisiera. «Tenemos las competencias, sí, pero mal dotadas y en contra de los criterios técnicos de este Consell», criticó.
Deudas
En la sesión plenaria también se puso de manifiesto que la institución sigue sin cumplir con el plazo establecido por la ley para pagar las facturas pendientes, que es de 30 días.
Según apuntó María Fajarnés, consellera de Economía, Hacienda y Desarrollo Económico, la media de pago ronda los 41,65 días. «Esto se debe, en parte, porque aún quedan por pagar facturas emitidas entre 2015 y 2018, lo que nos obligará a hacer un plan de tesorería, con todos los inconvenientes que ello conlleva», dijo.
Por su parte, desde el PSOE explicaron que no presentarán ninguna moción hasta septiembre «dejando los 100 días de cortesía que hay que dejar al nuevo equipo de gobierno».