El desahucio a una familia con una menor previsto para ayer miércoles en Sant Antoni quedó finalmente aplazado, según explicaron ayer desde el Sindicato de Inquilinas de Ibiza.
El abogado comunicó a la familia, pocos minutos antes de las 11.00 horas, que se posponía hasta nuevo aviso.
Sin alternativa
Rafa Sánchez, secretario general de la Confederación General de Trabajo (CGT), y portavoz de la familia, explicó que los afectados «nunca se ha negado a abandonar la vivienda, sino que, en plena temporada estival, no encuentran a dónde ir».
La familia se encuentra en un proceso de búsqueda desde el mes de abril, cuando el propietario les comunicó que no les renovaba el contrato de arrendamiento después de nueve años viviendo en la casa de la que ahora les quieren desahuciar.
En este sentido, los afectados denuncian que «no tienen un hogar donde quedarse». Las opciones que se les han ofrecido son «inaccesibles» para ellos: 1.500 euros mensuales con dos meses de fianza; tres meses de depósito; dos meses de inmobiliaria... A pesar de las ayudas económicas que han recibido recientemente, la familia declara que «no es cantidad suficiente ni para cubrir lo que nos piden de fianza en algunas casas».
Sin embargo, lo más destacado es que, en algunas viviendas, han decidido no aceptarles porque «no se permiten niños», hecho que desde CGT y el Sindicato de inquilinas califican de «vergonzoso».
Pero, al parecer, esto no es un acontecimiento aislado. CGT, en colaboración con este sindicato, están «poco a poco destapando lo que está ocurriendo en la isla».
Según estos colectivos, cada día se producen desahucios en la isla. En este caso, ha sido por vía judicial pero hay muchos que califican de «silenciosos», en los que el propietario aumenta el alquiler sin previo aviso y los inquilinos se encuentran en imposibilidad de hacer frente a este pago y se marchan voluntariamente. «Hay motivos suficientes para una revuelta social pero nadie mueve nada», denunció Sánchez.
Los colectivos defienden las peticiones y reivindicaciones de los ciudadanos y piden que «se respete el derecho fundamental de la vivienda» y exigen a los políticos que intervengan y derogen la nueva Ley de Vivienda, que, opinan, «no ha servido para nada»
Así pues, los dos sindicatos a los que ha recurrido la familia ante esta situación «tan indigna» piden que se aplace el desahucio hasta que haya una solución habitacional para una familia que tiene una menor a su cargo y que, según la ley de enjuiciamiento civil, en el artículo 441.5 -y amparados por los servicios sociales- no pueden dejar «en la calle y sin vivienda», destacaron desde la CGT y el Sindicato de Inquilinos.