El Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Balears considera un «insulto» y una «falta de respeto» el hecho de que «seis políticos cobren más que 160 agentes», en relación al plus de 22.000 euros de residencia que cobran algunos cargos del Govern que en el momento de su elección no se encontraban residiendo en las Islas. En una nota de prensa, SUP explicó que estos cargos públicos cobrarían unos 132.000 euros anuales, cifra similar a la que percibirán por ese mismo plus más de 160 Policías, lo que equivaldría a más de toda la plantilla del aeropuerto de Son Sant Joan, el doble de la plantilla policial de Ciutadella, más de la mitad de los destinados en Ibiza, más que todos los Policías destinados en Maó.
En este sentido, el sindicado recordó que «lleva años» reivindicando «la actualización de la indemnización por residencia», una cantidad que «ni mucho menos alcanzaría anualmente dicha cuantía económica por cada policía».
En este sentido, destacaron que el año pasado se logró un avance, ya que los policías de Ibiza percibieron 209 euros al mes en concepto de productividad especia. Sin embargo, este año no la han cobrado «a pesar de las infinidad de promesas políticas». «Permítanos que nos indignemos, cuando leemos noticias como estas donde se recoge que seis personas cobran lo mismo que más de 160 Policías que día a día se juegan su vida, protegen la seguridad ciudadana y son el orgullo de nuestra sociedad», concluyeron.
Por su parte, la portavoz del Govern, la ibicenca Pilar Costa, afirmó ayer que el gabinete de coalición «no se plantea revisar» la indemnización de 22.000 euros anuales por desplazamiento y hospedaje que cobran los altos cargos del Ejecutivo que residen oficialmente fuera de Mallorca.
Costa defendió ese sobresueldo que cobran una quincena de directores generales y consellers del Govern empadronados en Menorca, Ibiza, Formentera y la Península e hizo hincapié en que se fijó para favorecer la participación igualitaria en la actividad política autonómica de residentes de todas las islas.
La portavoz del Ejecutivo autonómico recalcó que la «indemnización», término que subrayó para distinguirlo del concepto de «plus», se fijó en 2000 para los residentes en las Pitiusas y Menorca y sostuvo que el Govern tampoco cuestiona la ampliación que aprobó el Parlament en 2011 para incentivar también la presencia en el ejecutivo de personas radicadas en otras regiones españolas.