Nos recibe el viernes en la sede del PSOE de la calle Agapito Llobet. Pronto se mudarán a otro local. Sofía Hernanz (Ibiza, 1970) dice que lo que más disfruta en su tiempo libre es ver a su familia. Eso suele ser de viernes a domingo. De lunes a jueves normalmente está en Madrid trabajando. Las últimas semanas han sido especialmente ajetreadas. Es una habitual del aeropuerto muy a su pesar. Confiesa que no le gusta volar.
—Primer gobierno de coalición de la democracia en España, ¿será un matrimonio bien avenido?
—Creo que estamos ante un hito histórico importante, como dices es el primer gobierno de coalición de este período democrático. Estoy convencida de que va a funcionar muy bien, porque tenemos objetivos claros y comunes. Vamos a tener que acostumbrarnos, el nuevo mapa político es así, por lo que todos tenemos que hacer un esfuerzo de adaptación. Creo que este primer Consejo de Ministros, donde una de las primeras medidas que se ha aprobado es una subida de pensiones que beneficia a cerca de 10 millones de personas en este país, es un buen ejemplo de lo que va a hacer este Gobierno. Nace para trabajar, para mejorar la vida de las personas.
—En su cuenta de Twitter tiene fijado arriba un tweet suyo que dice “Vamos a transformar este país...” ¿cuáles serán las medidas de transformación más relevantes de este Gobierno?
—Es imposible abordar esta pregunta sin ver de dónde venimos. Me refiero al Gobierno de ocho años del PP durante el que hubo muchos ciudadanos y ciudadanas de este país que sufrieron muchísimo las consecuencias de una crisis en la que el gobierno de derechas golpeó especialmente a los colectivos más vulnerables. Creo que urgen todas esas medidas que ya empezó a adoptar el gobierno de Pedro Sánchez durante los nueve meses anteriores, en las que hay que profundizar. Lo más urgente sin duda es la revalorización de las pensiones, la subida del salario mínimo y creo que una de las principales características de este nuevo gobierno serán las medidas relacionadas con el medio ambiente y con la transición energética, fundamentales para el país pero especialmente para Baleares y para Ibiza.
—Entre las medidas previstas en el programa de gobierno está la limitación del precio de los alquileres de vivienda ¿qué puede suponer para Ibiza?
—Fue una muy buena noticia que una medida tan importante para nosotros saliera ya a relucir en el acuerdo de coalición. Es algo que este nuevo gobierno pone en la agenda política inmediata. Serán medidas para regular la subida de precios de alquiler en zonas especialmente estresadas. Baleares, Ibiza en especial, es una zona muy afectada por subidas importantes del alquiler. Es una medida que ya está bastante dibujada en el acuerdo de coalición y significa poner al alcance de los ayuntamientos y las comunidades autónomas unos índices que marquen en cada zona los alquileres máximos, algo que servirá para controlar estas subidas descontroladas de los alquileres. Ahora hay que ver cómo se articula esta medida hablando con ayuntamientos y comunidades autónomas. El objetivo es poner un tope a la subida de alquileres, que en Ibiza la notamos mucho. Sobre todo la repercusión que esto tiene en la vida de las personas. Es uno de los grandes problemas de la isla que quiebra el proyecto vital de mucha gente.
—¿Cómo se articulará esta medida teniendo en cuenta la libertad de los propietarios?
—La medida preveía el establecimiento de un índice de precios, que será lo que se tendrá que desarrollar viendo las características de cada zona. Hay que preservar el derecho de los propietarios pero también hay que garantizar el acceso a la vivienda de un gran número de ciudadanos y ciudadanas que sufren el hecho de que la vivienda sea una mercancía de especulación. Aquí en Ibiza tenemos un ejemplo sangrante de esta cuestión y todos tendremos que hacer una reflexión a través de ese instrumento que el Gobierno pondrá al alcance de las instituciones locales.
—¿Cree que fueron adecuadas las recientes críticas del vicepresidente Iglesias al poder judicial español?
—Tenemos un sistema democrático muy consolidado. Se basa en tres poderes que son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Creo que debemos perder algunos miedos. El poder ejecutivo y el legislativo se ven sometidos a constantes escrutinios y al juicio de los ciudadanos que votan cada cuatro años. Las actuaciones del poder judicial tienen que poder ser opinables. Es una situación que tenemos que normalizar todos. El respeto a las instituciones no se ve menoscabado por la expresión de determinadas opiniones. Debe ser algo más normalizado y lo digo desde el absoluto respeto. Todos debemos tener claro el necesario acatamiento de todas las sentencias del poder judicial.
—También ha suscitado muchas críticas el nombramiento de la nueva fiscal general del Estado.
—Creo que el nombramiento de la nueva fiscal general del Estado es un proceso absolutamente normal, como se ha dado en toda la historia de esta democracia. Es una competencia que según pone la Constitución corresponde al gobierno. Ha sido así durante todos los gobiernos. No es en absoluto la primera persona que pasa del ejecutivo al puesto de fiscal general. Hemos tenido presidentes del Tribunal Constitucional con carné del PP y otros fiscales generales que han expresado ideas políticas con las que yo personalmente no estaba nada de acuerdo. Quiero decir que toda esta polémica se enmarca dentro del ruido apocalíptico que está intentando montar la derecha con cualquier cosa que hace el gobierno y hay que responder con mucha tranquilidad y ese ruido pasará. Dolores Delgado es una jurista de reconocido prestigio, que cumple los criterios de idoneidad, va a hacer un trabajo extraordinario.
—Pero, ¿no cree que el hecho de elegir a una persona que ha sido tan recientemente ministra socialista le quita apariencia de independencia a esta figura?
—Déjeme hacer una reflexión. La apariencia de neutralidad parece que solo la guardaran unos y no otros. A mí me vienen a la cabeza, por la impresión que me causaron, unas declaraciones que hizo Jesús Cardenal, que fue fiscal general del Estado. Antes de ser nombrado hablaba de la falta de calidad ética de esta sociedad que permitía la unión entre homosexuales y el divorcio. Ese señor fue nombrado fiscal general del Estado por José María Aznar. Yo no sé si era muy neutral alguien que emitía ese tipo de juicios tan sectarios e ideológicos. Neutral respecto a qué. Dolores Delgado, que tiene una trayectoria amplísima y que nadie duda que cuando ha ejercido como fiscal durante 25 años ha hecho una tarea profesional exquisita, ha sido ministra unos meses. Parece que los fiscales generales del Estado tengan que salir de un limbo ideológico. Los fiscales, los jueces y todo el mundo tiene una ideología. Eso no tiene que suponer que vaya a desempeñar una función de forma parcial. No tenemos que dejarnos llevar por ese ruido apocalíptico de la derecha. Me atrevería a decir que estas críticas se habrían emitido con cualquier persona que hubiera nombrado este ejecutivo como fiscal general. Hay que respetar a las instituciones y dejar que empiecen a caminar.
—¿Desjudicializar el conflicto catalán será ser más laxo legalmente con los políticos independentistas catalanes?
—No puedo hablar en nombre del Gobierno, pero le doy mi opinión. Desgraciadamente durante los ocho años de gobierno del PP el conflicto en Cataluña alcanzó sus cotas más altas. Con un gobierno del PP se multiplicó el número de independentistas, a un gobierno del PP le realizaron la declaración unilateral de independencia y le organizaron dos referéndums. El conflicto catalán crece y explota con un gobierno del PP que pareció que renunciaba a hacer política con Cataluña. Creo que esa política de confrontación en la que solo actuaba la justicia y no el ejecutivo le beneficiaba a nivel de toda España. Actuaron así con mucha irresponsabilidad. Pero cuando hablamos de que es necesario hacer política no hablamos de flexibilizar ningún criterio judicial, decimos que no debe ser lo único. Hay que establecer diálogo, negociar, llegar a vías de acuerdo y de bajar la tensión. No podemos abandonar la política cuando tenemos una crisis como la catalana. La acción judicial y la política son compatibles. Lo que pasó con el PP es que se abandonó la vía de la política y del diálogo. No abordó este problema hasta que ya fueron los jueces los que tuvieron que actuar ante situaciones de incumplimiento de la legalidad. Se inhibió y eso no lo puede hacer un gobierno. Nosotros hablamos de diálogo dentro de la Constitución, de la legalidad.
—¿Será esta la legislatura en la que los funcionarios del Estado en Ibiza reciban un plus de insularidad equiparable al de Canarias?
—Los funcionarios van a tener en mí y en el resto de representantes ibicencos en las instituciones del Estado a interlocutores con los ministerios. Se trata de un problema que además yo he vivido como directora insular del Estado en Ibiza y Formentera. Sé que es un problema real y una reivindicación justa que se enlaza con el problema de la vivienda. En Ibiza las condiciones de vida a nivel económico no son las mismas que en otros puntos de la Península. Debemos abordar este asunto y será algo que los tres representantes de Ibiza en el Parlamento trabajemos para trasladar, negociar y mejorar. Vamos a tener que esperar un poco a que se pongan en marcha los ministerios y que empecemos a trabajar los Presupuestos Generales del Estado.
—El próximo 25 de enero se celebra un congreso del PSOE de Ibiza ¿debe haber un cambio de rumbo en el partido?
—En el congreso extraordinario de la semana que viene se aprobará la ponencia donde se expongan los planes de la nueva ejecutiva. Allí tendremos oportunidad todos los afiliados de introducir cuestiones y trabajarla juntos. Es una oportunidad y yo estoy muy contenta, ilusionada y segura de que la dirección que saldrá de ese congreso hará un planteamiento nuevo para afrontar la realidad. Pero habrá que esperar a ver qué sale del congreso. Creo que debemos ver la manera de reforzar la acción del partido socialista en Ibiza desde las instituciones, para seguir haciendo lo que hacemos siempre: trabajar por nuestros vecinos. Esto va a seguir siendo así a partir del 25 de enero.
—¿Cómo valora las dimisiones de dos cargos en Santa Eulària a tan pocos días del congreso?
—No puedo hacer mucha valoración. Veo que una es por motivos personales y laborales y la otra es una afiliada con una opinión que entra dentro de un partido plural como el nuestro, que es muy respetable. Pero por lo que he podido hablar con los compañeros se trata de una opinión personal muy aislada. Observo mucha ilusión y mucho consenso de cara al congreso. Por lo que yo voy hablando con gente del partido, veo una situación de consenso y de acuerdo mayor que en otros congresos que hemos tenido. La figura de Pep Agustinet es muy querida y muy respetada dentro del partido y también fuera. Por otra parte yo le pedí a Pep que asumiera la candidatura y creo que ha reaccionado como lo ha hecho siempre, con generosidad, con responsabilidad y creo que su decisión de dar este paso ha sido muy bien aceptada entre una amplia mayoría del partido. Hará un gran trabajo.