Propietarios que se encuentran con que sus inquilinos no les pagan o que le han destrozado la vivienda y arrendatarios que ven cómo les echan de la casa o les suben el precio de forma abusiva de un mes para otro. Son casos bastante comunes en la isla de Ibiza. Tanto unos como otros pudieron ayer resolver sus dudas en una charla gratuita impartida por la directora insular de Lucha contra el Intrusismo, Naihara Cardona, en el Consell d'Eivissa.
«El error normalmente es que no se ha actuado previamente y cuando te encuentras con estas situaciones es ya difícil», explicó Cardona. «Lo primero que hay que hacer es un contrato donde todo esté bien atado», apuntó.
Cardona explicó que la intención de estas charlas es ayudar a resolver dudas y orientar a los afectados sobre qué deben hacer. En este sentido, señaló que en la isla hay «un volumen insultante de casos de litigio» por temas relacionados con arrendamientos «pagos de cantidades y deshaucios». De hecho, aseguró que «ahora mismo hay un juzgado que está implantando la mediación intrajudicial para intentar desatascar, porque están saturados».
Sanciones a pisos turísticos
Además, el Consell sigue trabajando para controlar el alquiler ilegal. En este momento la institución insular tiene en tramitación 210 expedientes por irregularidades en materia turística. De ellos, «más de la mitad, 106 en total, son de pisos turísticos». El resto, según señaló el conseller de Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, «son otro tipo de infracciones turísticas de casas rurales, hoteles o restauración». Se trata de sanciones que, explicó, «se encuentran en diversos estados procesales».
Plan de actuación
El Consell trabaja ya en el plan de actuación de cara a la próxima temporada. Así, el conseller indicó que se seguirá en la misma línea que el verano pasado. «La sanción está muy bien, pero hay que cortar la actividad mediante precinto», dijo.
En este sentido, Mariano Juan, recordó los numerosos trámites que hay que llevar a cabo para conseguir una sanción firme. «Los afectados tienen hasta tres plazos para hacer alegaciones». Aún así, comentó que recientemente el Consell ha podido cobrar una multa de 56.000 euros puesta a una vivienda ilegal, que además «dejó de ejercer la actividad», aseguró.
No obstante, el llevar a cabo un precinto «es complicado cuando se trata de un domicilio», aseguró el conseller. Ante estas dificultades, «si los juzgados nos lo deniegan por sistema», la institución tiene previsto «plantear al Parlament Balear o al Govern una modificación legislativa que permita los precintos más fácilmente», señaló Mariano Juan.
Además de las sanciones a pisos con turistas o a pisos que se anuncian con este fin, señaló que se pretende actuar también contra las plataformas de internet que publiciten este tipo de pisos ilegales.