Josep Marí Ribas Agustinet ya es secretario general de la Federació Socialista d'Eivissa. Tras el congreso extraordinario de ayer, los clanes históricos del socialismo ibicenco aspiran a enterrar la época de Vicent Torres, el hombre de los 50.000 euros al año al que no le gustó que dijéramos en Periódico de Ibiza y Formentera que su esposa había dimitido de secretaria de organización de Santa Eulària a pocos días del congreso por ser su esposa, una forma como otra cualquiera de vengarse de su decapitación, y de Marta Díaz. Aunque no le guste a la nueva cúpula, Torres y Díaz aún formarán parte del paisaje político durante los próximos tres años y medio, uno en la portavocía del Grupo Socialista en el Consell y la otra como consellera no adscrita, de momento con el mismo sueldo que antes, aunque los socialistas se lo quieran quitar.
El resultado de las votaciones de ayer, con solo siete abstenciones a la Ejecutiva y cuatro al Consell Polític, demuestra que ha sido un congreso plácido, debidamente cocinado entre bambalinas y que Marí Ribas tienes una amplia legitimidad. No ha tenido rival y no ha habido oposición interna.
Ruiz lo tiene todo. Aunque no forme parte de la misma, la composición de la ejecutiva de Marí Ribas otorga un enorme poder al alcalde de Ibiza, Rafael Ruiz, quien desde su despacho de Can Bonito tendrá una elevada influencia en el ejecutiva socialista, tanto que el mandato de Agustinet tiene más pinta de empezar siendo una suerte de protectorado que de un proyecto propio.
Es pronto para asegurar que estemos ante una bicefalia consentida, un tándem Marí Ribas-Ruiz porque, de momento, solo conocemos que en el tablero del poder Ruiz controla muchas y muy codiciadas piezas. Ni más ni menos que la secretaria de organización, la diputada Irantzu Fernández, y otros dos de los nueve puestos del núcleo duro de la Ejecutiva de la Federación, la regidora de Urbanismo, Elena López, y la jefa de gabinete, Milena Herrera. Tres mujeres de la máxima confianza de Ruiz como demostración de fuerza de la agrupación local de Vila, la más numerosa y la más poderosa.
No obstante, no hay que dejar de lado que el secretario general del Partido Socialista, al igual que los líderes de los otros partidos, goza de amplias prerrogativas que pueden diluir fácilmente los contrapesos citados, dejarlos en papel mojado y en una mera especulación periodística dominical. No sería la primera vez que tras pactar el acceso el poder, luego el líder lo ejerce de forma autónoma.
Rafael Ruiz no tiene excusas. Lo tiene todo a su favor. Él es dueño de su éxito y esclavo de su fracaso. No ha querido luchar por controlar el partido y ha pactado el relevo de Torres con Marí Ribas. Cubierto el flanco en el partido, tampoco tiene problemas de dinero para ejercer su acción de gobierno, regado por el Govern en sus presupuestos, en el reparto de la ecotasa y de Thomas Cook y por la ley de Capitalidad. Ni tampoco problemas políticos, gracias a que tiene hilo directo con la consellera de Presidencia y mano derecha de la presidenta Armengol, Pilar Costa, con la que departe lunes sí y lunes también, lo que supone también ascendencia sobre los conselleres del Govern, al menos los socialistas.
Partido. Recursos. Información. Hasta Vicent Marí le trata con suma delicadeza, en tanto que alcalde de la localidad con mayor número de votantes y donde tiene mayor capacidad de crecimiento el PP. De ahí que la propuesta que ha hecho Vicent Marí para el reparto de los PIOS sea mucho más beneficiosa para el Ayuntamiento de Vila que la que los socialistas del Consell de Mallorca hacen con Palma, ciudad que queda excluida de los PIOS porque ya tiene un programa específico en forma de la ley de la capital balear.
Bicefalia. En el tejado de Marí Ribas está marcar un estilo propio o jugar a una bicefalia consentida con Ruiz. El primer capítulo será el debate sobre el reparto de los PIOS, donde veremos si el nuevo secretario general de los socialistas ibicencos es primero alcalde de Sant Josep, secretario general con ganas de ser candidato al Consell d'Eivissa o portavoz de Rafa Ruiz.
Será la primera, pero no la única ocasión en la que tendrá que lidiar con un conflicto de intereses. Experiencia para lidiarlo no le falta. Veremos si también tiene habilidad.
Unanimidad. Salvo la voz discordante de Josep Marí Ribas con la vuelta del ocio a la promoción oficial en base a un argumento que se demostró falso porque al Consell d'Eivissa la participación de las principales discotecas y locales de ocio en Fitur no le ha costado ni un euro, la feria de turismo de Madrid ha servido para evidenciar una deseable y bienvenida unanimidad política en torno al motor económico de la isla. Todos los primeros ediles han participado activamente y sin tener en cuenta el color político de cada uno en el programa de actos que se ha desarrollado con éxito en el estand del Consell d'Eivissa. Nadie cuestiona a estas alturas que lo mejor para la isla es tener un espacio propio, ubicado en un pabellón diferente al del Govern balear y cuya presencia merece una profunda reflexión. La promoción turística está transferida a los consells y es muy discutible que el Govern se quede fondos para, entre otras cosas, montar un stand que únicamente beneficia a Mallorca. Promocionar Illes Balears es promocionar Mallorca, como todo el mundo sabe. En este contexto, lo más lógico es que cada isla tenga un stand con personalidad propia.
Antiexcesos. La unanimidad también se ha reproducido en el decreto que limita la promoción y comercialización de alcohol en el centro de Sant Antoni, un West End ampliado. Alcaldes de Sant Antoni y Sant Josep, presidente del Consell y conseller balear de Turismo coinciden en que no es necesario ampliar los límites de aplicación del mismo. Los argumentos son que los problemas de convivencia solo se producen allí y que ampliándolo a toda la isla podríamos estar dando un mensaje equivocado a los mercados.
Esta unanimidad está tapando una enorme injusticia, como han denunciado en este periódico los empresarios de la zona. Y es que las restricciones les afectan únicamente a ellos, una especie de urbanismo a la carta que permite actuaciones a uno y las prohíbe a otro por una cuestión geográfica, cuando la administración debería tratar a todos por igual.
Nunca me han gustado las zonificaciones. En tanto que discrecionales son injustas. Esta calle sí, aquella calle no. En este edificio no prohibimos el alquiler turístico porque no hay problemas de convivencia, en este bloque lo permitimos porque han tenido inquilinos cívicos. En esta carretera prohibimos las vallas porque hay pocas y no tienen impacto pero en la otra sí… Nos sobrarían ejemplos de casos injustos. Este verano sabremos si, además de injusto, es efectivo.