El sindicato CGT en Ibiza ha valorado la paralización de la economía no esencial por una cuestión de salud laboral y por responsabilidad, aunque ha lamentado que será la clase trabajadora la que volverá a pagar las consecuencias de la crisis sanitaria.
Según han afirmado, la ampliación del estado de confinamiento entre el sector servicios principalmente, «vulnera los derechos y dignidad de los trabajadores», añadiendo que las empresas defraudaron mas de diez millones de horas extras el pasado año, por lo que han exigido que éstas asuman los costes.
En un comunicado, desde el sindicato han destacado que se estiman más de 16.000 expedientes de regulación de empleo temporales, afectando a más de 200.000 trabajadores.
«Si los trabajadores de Baleares son pobres, con las medidas económicas adoptadas por el Gobierno serán aún más pobres», ha asegurado CGT, que ha exigido a los empresarios que complementen hasta el 100 por cien los ingresos de los empleados.
También han considerado que no se puede olvidar a los trabajadores temporales que se quedan fuera de los ERTEs y muchos de ellos sin ningún ingreso económico. Así, han exigido al Govern que cumpla con el Estatut de Baleares, que garantiza la renta básica.
Según el sindicato, el problema se agrava en las Islas con la emergencia residencial y, en este sentido, han manifestado que las medidas del Gobierno de impulsar créditos al 0 por ciento de interés no son la solución para garantizar la supervivencia de muchas personas sin ingresos o trabajo.