El Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (SPPME) presentó el lunes ante el juzgado de Instrucción de Ibiza una denuncia en la que manifiesta que el Ayuntamiento de Vila ha actuado de forma voluntaria y ha consentido unas «condiciones de trabajo que suponen una grave infracción de las condiciones de seguridad en el trabajo, poniendo en grave riesgo la seguridad de los policías locales».
En la exposición de hechos de la denuncia se indica que el 31 de marzo, 16 días después de la declaración del estado de alarma, la Jefatura de la Policía Local de Ibiza «dictó una orden en la que se trasladaban las indicaciones del técnico de Prevención de Riesgos Laborales sobre el procedimiento para la realización de pruebas del servicio UVAC Expres para la detección del COVID-19 para el personal de la Policía Local como servicio esencial».
Añade que el 7 de abril se tuvo conocimiento del positivo de una agente y que la plantilla se enteró de la información por la compañera, ya que el Ayuntamiento no lo comunicó. «Ni se facilitó información ni se realizó prueba alguna», apostillan. Asimismo, denuncian que la policía informó de los síntomas el 24 de marzo, pero Vila «insistió en que siguiera prestando sus servicios. No obstante, aconsejada por su médico de cabecera, la agente, con más responsabilidad que la propia administración, no fue a trabajar». El día 1 de abril le hicieron las pruebas y el 3 le notificaron el positivo.
El sindicato denuncia el ocultamiento del caso y la inacción para tomar medidas, tanto con la contagiada como con el resto de compañeros, incumpliendo la orden de Jefatura.
El SPPME entiende que «estamos ante una presunta comisión de un delito de artículo 316 del Código Penal, que recoge penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses» por no facilitar los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física».