El Govern balear aprobó ayer un nuevo decreto de medidas urgentes, esta vez de protección del territorio, con dos objetivos principales, según explicó el conseller de Medi Ambient, Miquel Mir: congelar los crecimientos urbanos y ejercer una mayor protección sobre el suelo rústico.
Entre las medidas principales del decreto está la recalificación automática del suelo urbanizable en rústico común. Algo que, según las primeras estimaciones del Consell d'Eivissa, afectará a 160 hectáreas de terrenos en Sant Josep, Sant Antoni y Vila.
Quedarán fuera de esta recalificación los terrenos de Ca n'Escandell, en Vila, donde está prevista la construcción de más de 532 viviendas de protección oficial (VPO). La norma, que entró en vigor en el momento de su publicación, prevé una excepción para los terrenos urbanizables contemplados en convenios urbanísticos firmados, que estén incluidos en un proyecto de urbanización en tramitación o en los que la actuación prevista no se haya iniciado por causas imputables a la Administración. El proyecto de Ca n'Escandell se podría encuadrar en cualquiera de los tres supuestos, por lo que el propio conseller de Medi Ambient, Miquel Mir, confirmó que seguirá adelante.
También quedará fuera por estas excepciones la zona de Sa Joveria, en la que existe un convenio de construcción y hay proyectado, un aparcamiento disuasorio.
El suelo urbanizable de Santa Eulària y Sant Joan también quedarían fuera de los supuestos recogidos en la norma, dado que sus Normas Subsidiarias son posteriores al Plan Territorial Insular.
Urbano no consolidado
Respecto a este tipo de terrenos en lo que existe urbanización pero no cuentan con todos los servicios, el decreto ley establece que cada Consell Insular deberá determinar antes del 31 de diciembre de 2021 si ese suelo es urbanizable o rústico. En caso de no hacerlo será el Govern balear la institución que tenga potestad para hacer esta recalificación.
Desde el Consell d'Eivissa criticaron la medida que «en ningún momento menciona la intervención de los ayuntamientos en un proceso de decisión sobre sus territorios» y que supone a los consells asumir una responsabilidad que puede suponer reclamaciones judiciales.
«La ley ni siquiera establece que no exista responsabilidad patrimonial para este tema, algo que sí recoge para el Govern», lamentó el conseller ibicenco de Territori, Mariano Juan, que apuntó que en cualquier caso serán los jueces los que diriman posibles conflictos con la administración.
Por otra parte aseguró que el Consell reunirá a los ayuntamientos para que sean ellos los que valoren los planes que tienen para esas zonas de suelo urbano no consolidado, a pesar de que el decreto no les obliga a ello. Aún así, consideró «inaudito» que sea el Consell o el Govern quien decida si una zona urbanizada «se pueden construir dos plantas o cuatro plantas», algo que consideró que en todo caso pertoca a los ayuntamientos.
Rústico
El decreto fija un apartado de condiciones de ordenación del suelo rústico de las que quedan excepcionadas expresamente las islas de Ibiza y Formentera. La disposición adicional única indica que las previsiones del capítulo III no se aplicarán cuando el Consell haya aprobado definitivamente una revisión o modificación del Plan Territorial Insular (PTI) en los dos años anteriores a la vigencia del decreto ley. Ambas islas aprobaron modificaciones el año pasado
Miquel Mir, valoró que Ibiza tiene un PTI «moderno» que «se acoge a los parámetros ambientales del siglo XXI que supuso un avance en la protección territorial de la isla».
La consellera de Agricultura, Mae de la Concha, también valoró en la misma línea el Plan Territorial ibicenco, aunque señaló que la protección del territorio «nunca es suficiente» del mismo modo que la gente nunca tiene «un nivel de felicidad suficiente» o tiempo «suficiente para estar con la gente que quiere».
Sin contar con Ibiza
Desde el Consell d'Eivissa, reiteraron su «impotencia y rabia» por el hecho de que no se haya consultado ni informado sobre la elaboración de este texto ni al Consell ni a los ayuntamientos de Ibiza. Algo que dolió todavía más al saber que el Consell de Menorca trabajaba desde hacía dos semanas con el borrador del decreto ley y en el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma también lo conocían.
«Como institución ibicenca nos sentimos ninguneados. Una presidenta del Govern que habla de federalismo interior y de respeto y lealtad institucional y hace estas cosas debería hacérselo mirar», consideró Mariano Juan.
Aseguró que conocieron de la existencia del texto cuando ya estaba aprobado y que recibieron una copia pocos minutos antes de presentarlo ayer a la prensa. «Es triste que te tengas que enterar por la prensa o por Twitter de que el Govern prepara un decreto que le da la vuelta a la normativa urbanística de los municipios de la isla en la que gobiernas», lamentó Juan, una queja que al parecer también manifestó el presidente de la Federación de Entidades Locales de Balears.