Errores a lo largo de la crisis del Covid-19, primero epidemia, luego pandemia, ha habido muchos y variados. Lamentablemente, a la vista de la vacuidad intrínseca del Gobierno, los seguirá habiendo hasta que pasemos página, bien porque haya medicamento o vacuna, bien porque los científicos italianos que llevan días diciendo que el virus ha perdido carga vírica, hasta 100 veces menos, y que no descartan que de la misma manera que llegó se vaya, como pasó con el Sars 2, tengan razón. Ojalá.
La Educación ha sido, y lamentablemente está siendo todavía, uno de los grandes fracasos de la crisis. Los miles de alumnos a los que el coronavirus ha pillado en la etapa educativa están teniendo, siendo suave, un curso atípico, cortado de cuajo, con aprobado general para no acrecentar en las notas todavía más la desigualdad que supone que unos tengan los medios a su disposición para seguir con las actividades y otros no. Determinante tener a alguno de los progenitores en casa para echar una mano a la hora de resolver las dudas sobre las actividades programadas, un espacio adecuado para trabajar en condiciones, disponibilidad de ordenador y una buena conexión a Internet.
La Conselleria de Educación cedió a las presiones de los docentes y optó por no alargar la fecha de finalización del curso, a pesar de que no hace falta ser un experto para concluir que si en circunstancias normales no se acaban impartiendo muchos de los contenidos programados, este año el agujero será irrecuperable.
Mañana podremos tomarnos una cerveza en la barra del bar y llevar a los niños de 0 a 3 años a una guardería, pero los centros educativos seguirán cerrados, salvo para tutorías a demanda y con cita previa para los más necesitados. Algo es algo.
La gestión de Martí March ha generado malestar en el resto del Govern por su tibieza frente a los sindicatos. El jueves encabronó a los grupos políticos al presentar primero a la prensa las medidas que luego desgranó en comparecencia parlamentaria. En política, el orden de los factores sí altera el producto.
También saltó como un resorte el sindicato catalanista Stei, uno de los principales agentes de la marea verde, y mayoritario entre el colectivo de docentes. Mostró su disconformidad porque los profesores no habían sido consultados y porque Educación les obliga a ir al centro a trabajar y ha cometido la osadía de implantar dos turnos para atender la mínima actividad lectiva autorizada, lo que supone que algunos de los profesores tendrán que trabajar presencialmente por la tarde para atender a aquellos alumnos cuyas familias soliciten el refuerzo o los pocos cuya presencia sea reclamada por el propio centro.
Es obvio que se podría haber gestionado mejor. Nadie está contento porque se debería haber armonizado mejor la seguridad laboral de los profesores con el derecho a la educación de los alumnos y a la conciliación familiar, especialmente de los afortunados padres que tienen trabajo, y que, a estas alturas, lo mejor que nos puede pasar a todos los que tenemos hijos en edad escolar es que el próximo curso empiece y acabe con normalidad.
Como todos, conozco profesores comprometidos que se quejan, tanto o más que los padres, de un sistema para el que ha quedado claro que no estábamos ni estamos preparados y dudo de que lo estemos, si es necesaria otra etapa de confinamiento, lo que les ha obligado a un sobreesfuerzo no reconocido. Mi aplauso a todos ellos.
¿A qué esperan? Escribo estas líneas sin saber todavía si el Gobierno acabará autorizando el plan piloto diseñado por el Govern para que mil alemanes vengan a Ibiza y Formentera este mes, ni en qué condiciones se hará dicho programa y, en consecuencia, si habrá test rápidos o PCR en origen o en destino, ni si será de aplicación la cuarentena, hoy todavía en vigor.
La ministra Reyes Maroto ha dicho que sí lo habrá, pero hoy, lamentablemente, la palabra de un ministro no vale nada, como tampoco vale que salga publicado en el BOE. Han sido demasiadas las normas que han sufrido cambios tras su publicación, la última la apertura durante tres horas de las fronteras con Francia y Portugal, así que ni Govern, ni hoteleros, ni turoperadores ni compañías aéreas pueden programar los viajes, ni venderlos. Mientras tanto, somos el único país de la Unión Europea al que Alemania recomienda no viajar, otro éxito de nuestra diplomacia.
No se entiende a qué está esperando el Gobierno para cerrar este capítulo porque los datos están claros desde hace días.
La gestión turística de uno de los países más turísticos está dejando mucho que desear. No ha sido suficiente que el 12% del empleo y el 15% del PIB dependan de este sector para que sea tratado con la seriedad que se merece. Como recordó acertadamente Abel Matutes esta semana en el último BNP de la temporada, «con las cosas de comer no se juega».
Repugnante rescate. El Grupo Prisa ha salido esta semana al rescate del mentiroso ministro Grande-Marlaska. Ha sido repugnante la desacreditación del informe de la Guardia Civil con el único objetivo de desviar la atención de lo que está pasando: una caza de brujas en toda regla y toneladas de tierra sobre la tumba de Montesquieu, el padre de la separación de poderes, y de la independencia judicial.
No ha gustado a la izquierda mediática que los investigadores de la Guardia Civil hayan incluido el video de la ministra de Igualdad en el que reconocía, tía, que otros habían tomado medidas superdrásticas (sic) y el Gobierno alentó, en cambio, el aquelarre feminista del 8-M.
La han tomado contra el uso del off the record y así se han pasado media semana El País y la Cadena Ser. Supongo que a los que han hecho el ridículo, una vez más, para defender a un Gobierno desnortado les parece ideal de la muerte que las investigaciones oficiales para desmantelar, por ejemplo, una red de tráfico de drogas no se basen en el off the record de los confidentes, ni que la Fiscalía pacte beneficios penitenciarios al que larga con tal de que sus pesquisas se aproximen a la verdad y, al menos, se pueda condenar a alguno de los culpables.
Según esta teoría, si un narco dice que no es narco, no es narco y no se hable más. No cabe intervenir sus comunicaciones, ni hacerle seguimientos, ni mucho menos incluir detalles conseguidos a través de un chivatazo, ni de un off the record, y, mucho menos, incluirlo en un informe policial, no sea cosa que todo ello nos aproxime a una verdad incómoda.
Respuesta lógica del Consell. La velocidad con la que se suceden los acontecimientos hace que las crisis duren poco más que un telediario porque otra la sucede. Es lo que ha pasado con la derrota parlamentaria del Govern en el Parlament. El decreto de medidas urgentes para reactivar la economía no fue convalidado porque los dos diputados de Mes per Menorca y otro diputado menorquín de Izquierda Unida pero adscrito al grupo de Podemos se descolgaron del bloque del Pacte de Bellver.
No afectará esta afrenta parlamentaria al resto de la legislatura porque a ningún grupo de la izquierda le interesa un periodo de inestabilidad. Habrá desplantes y puestas en escena típicas de la comedia parlamentaria, pero poco más.
El Govern deberá esforzarse en el trámite parlamentario para convencer a grupos que opinan y piden líneas de trabajo diferentes, lo que no anticipa que sea tarea fácil. Para contentar a los separatistas y a los comunistas de Menorca, Armengol deberá reducir las pocas medidas liberalizadoras introducidas, lo que aleja el apoyo del PI.
Aunque todo el mundo sabe que es la solución menos mala, es ciencia ficción plantear el acuerdo lógico entre PSOE (19) y PP (16), lo que además de mayoría parlamentaria garantiza estabilidad.
Vicent Marí ha decidido no esperar al desenlace de la tramitación parlamentaria y ha anunciado que, dentro del ámbito de sus competencias, aprobará un reglamento para incorporar aquellas medidas de flexibilización y eliminación de la burocracia que incomprensiblemente no fueron incorporadas por Armengol, a pesar del consenso pactado en Ibiza.
Autonomía municipal. Vicent Marí fue alcalde de Santa Eulària durante 12 años. Es un municipalista convencido y lo está demostrando desde la Presidencia del Consell d'Eivissa. El otro decreto del momento, el de las nuevas restricciones en suelo rústico, ignora a los ayuntamientos y otorga plenos poderes a los consells sobre los falsos urbanos. A pesar de ello, Vicent Marí ha anunciado que trabajará con los ayuntamientos, los que mejor conocen el terreno en palabras de su escudero Mariano Juan, decisión que le ha valido el aplauso de los ediles.