La presidenta Armengol reveló ayer que el Gobierno sigue sin contestar a la petición de poder usar el remanente de las instituciones. «No tenemos respuesta por parte del Gobierno. Es dramático tener dinero en el banco y no poder gastarlo en estos momento cuando es absolutamente necesario para los ciudadanos. Son impuestos que han pagado todos los ciudadanos. He insistido en el tema. Están en negociaciones con la Federación Española de Municipios y Provincias y parece que la negociación está atascada porque no se ha dado ninguna solución por el momento. Siempre hablamos de esto con ayuntamientos y consells y consideramos que se deben desbloquear. Hay un planteamiento dentro de la Felib para intentar hacer más presión».
Cabe recordar que el Consell d'Eivissa cuenta con 80 millones de euros en remanentes y los cinco ayuntamientos suman 190 millones. Unas cantidades que no pueden disponer ni Consell ni ayuntamientos por las limitaciones que establece a las haciendas locales la Ley de Estabilidad Presupuestaria. El presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, afirmó el mes pasado que el plan de recuperación económica de Ibza se hace «difícil» si no se desbloquea el uso del dinero de los remanentes. En este sentido, contar con el remanente permitiría impulsar la inversión pública de este año o bien lanzar programas de ayudas e impulso económico para empresas y familias.
Cambio de criterio
Por otra parte, las comunidades autónomas han conseguido convencer al Gobierno de que cambie las condiciones de reparto del fondo de 16.000 millones para que pese más la población, algo que, en principio, beneficia a Baleares. Habrá 9.000 millones para gastos sanitarios, 2.000 para gastos educativos, 800 para transporte y 4.200 para compensar la caída de ingresos, pero el Gobierno no ha dado los detalles de qué criterios seguirá para repartir esos fondos entre las distintas comunidades. Armengol insistió en que está bien que haya un fondo no reembolsable, aunque opinó que sigue siendo insuficiente, y afirmó que esperar a conocer los criterios de reparto para valorar si a comunidad sale beneficiada.