La asociación ecologista GEN-GOB adquirió hace años la finca de Can Toni d'en Jaume Negre, al llegar a un acuerdo con sus propietarios para explotarla durante 25 años, cuando estaba en un estado de abandono muy notable. El objetivo de esta adquisición fue el de recuperar y poner en valor una zona agraria en desuso para potenciar la agricultura y ganadería ecológica y fomentar la vida campestre.
El encargado de la finca, Mariano Marí, lleva desde entonces desempeñando una labor de reactivación de «un trabajo que se encuentra en peligro de extinción» y que sigue haciendo mucha falta en la isla, tanto desde el mundo de vista medioambiental, como desde el punto de vista de la conservación de las tradiciones ibicencas.
Gallinas ibicencas
Una de las líneas del trabajo de Can Toni d'en Jaume Negre había sido, hasta ahora, el del fomento de la biodiversidad, a través de la recuperación de especies y razas autóctonas, en especial la de las gallinas ibicencas.
Sin embargo, la tarea se presenta, actualmente, muy ardua. En palabras de Marí, el encargado, «el panorama es de irresponsabilidad absoluta». Y es que, desde hace años, está viviendo una situación que califica como «indecente» para los agricultores: de forma periódica, las fincas de la zona que tienen gallinas, sufren ataques constantes de perros que entran de noche en los corrales y las matan.
«La ley ya dice expresamente que los perros han de estar atados», explica Marí, quien lamenta que este episodio ya se ha repetido dos veces en la última semana, liquidando «dos corrales enteros» y causándoles pérdidas muy significativas.
En su caso, el mantenimiento de las gallinas es muy laborioso, puesto que son una raza autóctona que implica un cuidado mucho más atento, «tanto a nivel normativo como a nivel sanitario» y declaró que esta situación no puede seguir repitiéndose «sin ningún castigo».
«Estamos dentro de la asociación de agricultores, por lo que, a través de ella, intentaremos organizar una línea de actuación», explicó. Además, Marí quiso hacer un llamamiento a la «sensibilización» de los dueños de los perros y a los ayuntamientos de la isla, que deben, bajo su punto de vista, actuar en contra del incumplimiento de la ley. «No es solo competencia del municipio de Sant Joan, sino que lo mismo ocurre en Sant Antoni o Santa Eulària y no puede continuar».
En este sentido, Marí recordó que los perros han de llevar microchip y debe legislarse en contra de este sufrimiento «que queda en la impunidad, excluyendo una multa».