Han sido diez días durmiendo en tiendas de campaña para dos familias de la escalera 2 de los apartamentos Don Pepe. La decisión de juez ha puesto fin a su protesta. Un auto del juzgado número 2 de lo Concencioso-administrativo de Palma suspende la resolución del Ayuntamiento de Sant Josep que puso fin a la estancia de las familias en los apartamentos Bon Sol el pasado 23 de agosto e insta al Consistorio a prorrogar «la alternativa habitacional que había sido concedida» u ofrecer a los vecinos «un nuevo hogar con la debida habitabilidad».
El recurso fue interpuesto el pasado viernes por el abogado Eduard Clavell a instancia de David Tenza y Catherine Collier y el juzgado emitió auto el sábado para responder a las medidas cautelarísimas solicitadas.
La jueza firmante del auto considera que en este caso se vulnera el derecho fundamental al domicilio y todo lo que a este derecho le es anejo, al privar a las familias de su vivienda, darles una solución y luego privarles de ella sin justificación.
Respecto a la urgencia de las medidas, justifica la misma dado que «los recurrentes se encuentran en la calle desde el día 23 de agosto de 2020», e igualmente dada la existencia de personas afectadas de 66 y 68 años de edad, factor relevante dada la pandemia, y alega también la convivencia de los recurrentes con un hijo de 16 años».
El abogado de las familias explicó que el recurso presentado solicitaba la protección de los derechos fundamentales al entender la decisión del Ayuntamiento de no prorrogar el pago de un alojamiento a las familias viola sus derechos fundamentales y que la alternativa de alojamiento en el albergue de Sa Casilla violaría el derecho a la intimidad personal y familiar.
Por otra parte señaló que el decreto no justificaba el motivo para no prorrogar más allá del 23 de agosto el realojo en los apartamentos Bon Sol. «Si el Ayuntamiento no puede seguir pagando que lo diga. ¿Es un problema técnico, jurídico o de qué clase? La resolución dejaba a esta gente en la calle sin ningún motivo aparente», argumentó Clavell. Los vecinos recibieron con alegría la noticia. «Hemos ganado el primer round , por fin volveremos a dormir en un colchón como Dios manda», indicaba David Tenza, que lleva acampado en el Ayuntamiento desde la noche del viernes 21 de agosto para pedir una solución. Quiso agradecer a los vecinos de los Don Pepe que siguen en sus casas su apoyo estos días. Tenza intervino al finalizar el pleno para preguntar al Ayuntamiento qué iba hacer frente al auto. El alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas, aseguró que, una vez que se notificara el auto, cumplirán con el mandato judicial. «Actuaremos en consecuencia y no tenga duda de que cumpliremos cualquier mandato de la justicia», recalcó. En los próximos días los arquitectos municipales y los de la comunidad se reunirán para tratar el informe técnico del Consistorio sobre los apartamentos Don Pepe, según anunció el alcalde.
Algo es legal si cumple toda la legalidad e ilegal si no la cumple. Hasta aquí estaremos todos de acuerdo. Que el edificio tenga 5 o 60 años da igual por lo dicho antes. Que pague IBI no lo hace legal, se hace para evitar que los que hacen algo ilegal encima se evite pagar por algo por lo que los que lo hicieron legal pagan. Que este en el registro de la propiedad no le da legalidad, es solo un registro donde por ley el registrador debe inscribir inmuebles de cierta antigüedad, legales o no. El ayuntamiento no les viene ahora con estas.... Lleva años diciéndoles que es ilegal y que por tanto la ley prohíbe al ayuntamiento otorgar obras de reforma o mantenimiento. Todo esto es ley. No vale aplicar solo la que va con nuestros ideales. Los bancos concedían hipotecas (ya no, han aprendido) sin mirar la legalidad, y ahora tienen serios problemas por ello para vender inmuebles embargados que era ilegales y se los han comido por no mirarlo. Para hablar tanto hay que saber un poco más.