«La revisión de la caducidad de la licencia entra en lo que es sentarnos y hablar del convenio. Si existe una mínima posibilidad de pararlo sin coste para las arcas municipales, es decir, para los ciudadanos, eso habrá que estudiarlo». La concejala de Medi Ambient en Sant Josep y representante por Unidas Podemos, Mónica Fernández, no quiere descartar que se retome el proceso de caducidad de la licencia de construcción de 61 viviendas en Port d'es Nebot en cala Vedella, a pesar de que desde el PSOE se aseguró en el pasado pleno que la construcción en esa zona es inevitable.
De momento el equipo de gobierno se ha comprometido a estudiar el modo de incluir cambios en un convenio «muy mejorable» según la propia Fernández. Un calificativo que también utilizó la oposición en el pasado pleno, en su crítica más leve, pues también exigió la revocación e incluso planteó su nulidad.
El convenio firmado entre Bastiodon SL y el Ayuntamiento de Sant Josep, que recoge un proyecto de 12 viviendas de lujo en vez de las 61 que permitía la licencia original de 31 de agosto de 2005, no convence a la mayor parte de la corporación municipal. Ello a pesar de que los responsables municipales del planeamiento lo consideran «de un interés público innegable», según se plasma en el convenio.
Dejando de lado que buena parte de la oposición considera muy dudosa la legalidad de la prórroga de la licencia que se concedió a la empresa promotora en 2017, tras haber iniciado previamente un proceso de caducidad que se suspendió; consideran que el Ayuntamiento no obtiene prácticamente beneficio del convenio declarado de «interés público».
Para empezar porque la urbanización bloqueará el acceso a la costa en es Port d'es Nebot. Se conceden 8.104 metros cuadrados de espacio libre público, que sería inaccesible para la ciudadanía.
No solo eso, sino que ocupa una zona abrupta a la que no se podría dar ningún uso urbano.
También se obtienen 23 aparcamientos públicos, pero que estarán situados lejos de las zonas de ocio de cala Vedella en un entorno en el que todas las casas y villas cuentan con sus propios garajes.
Es por ello que, cuando el equipo de gobierno se sentó a tratar el convenio, Fernández planteó algunas mejoras que se ofrecieron a Ciudadanos como transaccional frente a la moción presentada que solicitaba la revocación del convenio.
«En materia medioambiental puse sobre la mesa la eficiencia energética, que se debería recoger en el convenio. También el estricto cumplimiento en materia de ahorro de agua. Ya que se pasa de 61 a 12 viviendas, que repercuta también en materia de ahorro de agua. Además, obviamente, el espacio público se debe revisar. A mí modo de entender se cierra el acceso a la costa y eso hay que estudiar como cambiarlo», indica Fernández.
A pesar de que la transaccional fue rechazada por Ciudadanos, el equipo de gobierno se comprometió a implementarla.
Para Podemos la reducción de edificabilidad de 12.000 a 7.600 metros supone una mejora, si la construcción es inevitable como apuntan los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento. Sin embargo la caducidad de la licencia se pondrá sobre la mesa.