A pesar de que Zomote, la promotora entonces propietaria de los terrenos de Cala Vedella donde el actual propietario (Bastiodón SL) aspira a construir 12 villas de lujo gracias a un convenio con el Ayuntamiento de Sant Josep, no tenía derecho a una segunda prórroga en 2017 porque ya había recibido una y no se daban las condiciones para una segunda, el informe jurídico que avaló el archivo de la caducidad de la licencia propuso la concesión de una prórroga de, cuando menos, dudosa justificación.
El convenio urbanístico consolida la teoría de que Bastiodón puede recibir dicha segunda prórroga sin cumplirse las condiciones para ello y, además, abre la puerta a una tercera, más dudosa aún que la anterior.
En el próximo Pleno
El concejal de PxE, Vicente Juan Torres Ribas, preguntó en el Pleno del jueves al regidor de Urbanismo, Ángel Luis Guerrero, sobre esta cuestión quien no quiso responder y se comprometió a hacerlo en la próxima sesión.
Como ha venido publicando Periódico de Ibiza y Formentera, el equipo de gobierno de Sant Josep hizo caso omiso en febrero de 2017 a la indicación de sus servicios jurídicos y dejó la concesión de la dudosa prórroga sobre la mesa, una suerte de suspensión sine die que mantiene «viva» la licencia de 2005.
La supuesta vigencia de la licencia a través de una segunda prórroga no es baladí, ya que es la clave sobre la que se ha redactado el convenio que permitirá a la actual propietaria o construir 61 apartamentos o construir las 12 villas de lujo en primera línea de mar.
El Ayuntamiento considera de interés general una reducción de la edificabilidad del 35%, la cesión de 23 plazas de aparcamiento y el uso público de unos terrenos a los que no se puede acceder porque es un acantilado.
Final de obra en 2010
La historia de las prórrogas se remonta al 25 de marzo de 2008, cuando Zomote solicita una prórroga de 12 meses, la mitad del plazo de ejecución de la licencia. Fue concedida el 1 de diciembre de 2009. Las obras debieron haber acabado en diciembre de 2010 cuando en realidad no habían empezado todavía. La autorización a una prórroga es habitual, tanto que se trata de un mero trámite si se hace antes de que finalice el plazo inicial autorizado, como fue el caso.
Certificado del arquitecto
Para que la promotora tenga derecho a una «segunda y última prórroga», la normativa señala que un promotor solo tendrá derecho a ella «por la mitad del plazo establecido en la primera prórroga, si la solicita de una manera justificada, siempre que el coeficiente de construcción ejecutada sea al menos del 50% y estén finalizadas fachadas y cubiertas, carpinterías exteriores incluidas, y todo ello se refleje en un certificado de la dirección facultativa de la obra».
Nada se cumple
Nada de ello se cumplía entonces. Ni ahora. No se solicitó de manera justificada y tampoco sin justificar, ya que simplemente no se solicitó dicha segunda prórroga. La obra estaba y está ejecutada al 3% y no al 50% y obviamente no estaban, ni están, finalizadas las fachadas y cubiertas porque las obras en realidad no han empezado.
Además, la prórroga propuesta por los servicios municipales estableció un periodo de un año, cuando la ley solo permite un segundo periodo extra de seis meses.
A pesar de que todas estas anomalías saltan a la vista con la simple lectura del informe jurídico municipal, no solo son perpetuadas en el convenio urbanístico objeto de la polémica, sino que, además, son ampliadas.
Tercera prórroga imposible
Así, en la cláusula cuarta, el Ayuntamiento se compromete a «reiniciar el trámite (en realidad no se ha iniciado nunca, ya que la concesión de una segunda prórroga quedó sobre la mesa en febrero de 2017) para el otorgamiento de la prórroga (...) debiendo el Ayuntamiento conceder la misma en el menor plazo posible y por el plazo legal de un año adicional, sin perjuicio de la concesión de una nueva prórroga por el plazo legalmente establecido, si así fuera necesario».
«De interés mutuo» tras 33 meses de letargo municipal
El concejal de Urbanismo de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero, desveló el pasado jueves en el Pleno que la iniciativa de firmar el convenio urbanístico objeto de la polémica partió del Ayuntamiento y de la actual promotora Bastiodón SL, ya que el «interés es mutuo».
Guerrero dijo no recordar cuando empezaron las negociaciones, «no sé si en octubre, noviembre o diciembre» de 2019 y se negó a desvelar el nombre de su interlocutor.
Bastiodón Sl comunicó ser el propietario del terreno el 29 de noviembre de 2019. De todo ello, se deduce que el expediente durmió sobre la mesa de Agustinet durante 33 meses.