Agentes de la Policía Nacional han detenido a 23 personas en una operación que ha necesitado de siete años de investigación contra una red presuntamente dedicada al blanqueo de dinero de mafias de origen ruso. La organización, según la Policía, planeaba controlar los «sectores clave de la economía española e infiltrarse en instituciones del Estado», contando para ello con abogados, funcionarios, políticos, empresarios y piratas informáticos.
La investigación comenzó en el año 2013 cuando los agentes detectaron que la mafia rusa había intensificado sus actividades en España, utilizándola como punto de entrada para el blanqueo de capitales de las organizaciones criminales procedentes de la extinta Unión Soviética, invirtiendo el dinero procedente de sus distintas actividades criminales en todo el mundo en negocios en nuestro país, principalmente en discotecas, restaurantes y el sector inmobiliario de la costa española.
Los investigadores han acreditado que hacían uso de las «ingentes cantidades económicas» que introducían en nuestro país para corromper e infiltrarse en instituciones públicas.
La Policía estima que se trata de la investigación de mayor calado contra las mafias del este de Europa en nuestro país en los últimos 10 años, debido a la alta posición jerárquica de los objetivos investigados.
Alicante e Ibiza
Concretamente, detectaron a varios líderes criminales de origen ruso que frecuentaban de forma continua áreas de Alicante e Ibiza y quienes, a través de testaferros, mantenían una constante y sistemática actividad de inversión de capitales extranjeros en nuestro país, con operativas que revelaban una ilegalidad en su origen.
Según ha podido saber Periódico de Ibiza y Formentera, el lunes hubo registros en una propiedad y un despacho jurídico de la isla. Estos registros conllevaron la detención de dos españoles, que se dedicaban a operaciones financieras con restaurantes, negocios de ocio y discotecas.
La Policía sospecha que la banda proyectó la compra de una de las principales discotecas de la isla, como Space y Hï, con el claro propósito de apoderarse del sector del ocio nocturno y la restauración, tanto en la costa levantina como en Baleares.
En este sentido, llevaban a cabo operaciones bancarias transfiriendo fondos cuyos orígenes no estaban suficientemente justificados, involucrando el transporte en efectivo de grandes cantidades de dinero por el territorio nacional hacia y desde el extranjero, así como utilizando sociedades pantalla y testaferros.
Estas organizaciones, cuyas actividades delictivas incluyen el asesinato, la extorsión, el tráfico de drogas, armas, la trata de seres humanos y los raids empresariales, mantienen múltiples ramificaciones en toda Europa, extendiendo su actividad también a Sudamérica y los EE.UU.
Los beneficios de dichas actividades criminales eran invertidos en España en diversos negocios, principalmente en el ocio, la hostelería y el sector inmobiliario, a través de empresarios rusos vinculados tanto con los ‘Ladrones en Ley' como con los Sindicatos del Crimen rusos.
A lo largo de la investigación, llevada a cabo de forma conjunta con EUROPOL y dirigida por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, se pudo constatar como la organización investigada no solo realizaba actividades de blanqueo de capitales, sino que cometía una pluralidad de delitos conexos y que «estaba profundamente enraizada en la sociedad española».
Para ello utilizaba parte del dinero que introducían en nuestro país para intentar corromper funcionarios y políticos en sectores estratégicos. Los investigados habían desplegado una potente red clientelar dentro de la Administración española, «logrando una perfecta infiltración en las instituciones de nuestro país para llevar a cabo sus negocios con impunidad, recurriendo al cohecho y al tráfico de influencias», según la Policía.