Los parlamentarios canarios han sido históricamente los mejores aliados de Baleares en Madrid. Sin ir más lejos, los recientes incrementos del descuento de residente para los viajes interislas primero y luego entre las islas y la Península han sido aprobados gracias a los decisivos votos de Coalición Canaria y Nueva Canarias a los presupuestos de 2017 y 2018.
Nadie duda en esta tierra de que ambos logros hubieran sido imposibles de lograr sin una coyuntura política tan favorable para los intereses de los canarios.
Ambos incrementos han mitigado, en parte, los costes de la insularidad y nos han equilibrado, en parte también, con el resto de españoles, mal que le pese al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, quien ha dado sobradas muestras de querer recortarlos.
El incremento del descuento de residente no es perfecto. Tiene algunas disfunciones como acabar propiciando incrementos de precios de las aerolíneas, lo que, a su vez, desincentiva los viajes de los que no tienen derecho al mismo, lo que, a su vez, es malo para el turismo y, por lo tanto, para nuestra economía. No son contraindicaciones suficientes como para empañar un hito que hemos de mantener.
No son, en cualquier caso, los anteriores los peores efectos de una partida que tiene un efecto pernicioso más difícil de apreciar a simple vista: sirve de coartada permanente a los gobernantes de Madrid para no cumplir con Baleares, especialmente en Ibiza y Formentera como queda demostrado con las cuentas aprobadas por Sánchez e Iglesias, por citar solo un ejemplo.
La factura del descuento de residentes le supone al Estado, millón arriba millón abajo, algo menos de 700 millones de euros al año, cifra abultada sin duda, pero calderilla con lo que cuesta el AVE a todos los españoles, incluidos los baleares.
Se trata de una comparación manida, pero no por ello, menos sangrante. El Estado no solo paga una inversión que nunca será amortizada en la infraestructura, sino que asume el déficit de explotación de la compañía pública que hasta ahora está operando en régimen de monopolio un servicio de transporte de lujo para conectar ciudades que cuentan con conexiones a través de autovías gratis total y en muchas ocasiones con aeropuertos deficitarios que son sufragados gracias a los beneficios que obtienen nuestros aeródromos. Nadie calcula lo que reciben los granadinos por esos conceptos, por citar solo un ejemplo.
Tarifa eléctrica. Otra partida que históricamente escuece en Madrid y que también sirve de cortafuegos para no resolver aquello que le corresponde es el déficit de la tarifa eléctrica. Generar electricidad en Baleares es, por razones obvias de tamaño del sistema, independencia y estacionalidad, mucho más caro que en la Península, al igual que es más barato generarla en Galicia, territorio tradicionalmente exportador de energía al conjunto del sistema, que en otros lugares. No obstante, todos pagamos el mismo precio por la luz.
En Baleares el déficit se estima en 500 millones de euros anuales, la mitad sufragados vía impuestos generales y la otra mitad vía tarifa de la luz del conjunto de los consumidores.
No es tampoco justificación alguna para no abordar con la seriedad que se merece el plus de insularidad, una de las asignaturas pendientes junto al Régimen Especial de Baleares (REB).
Pacto de senadores. Uno de los dos senadores autonómicos por Baleares, el ibicenco José Vicente Marí Bosó, ha logrado poner negro sobre blanco una de las afrentas históricas del Estado con Baleares y que los sucesivos gobiernos en Madrid se han negado a resolver: el complemento en concepto de insularidad que cobran los funcionarios del estado.
Según desveló hace unos días en una nota de prensa el PP de Baleares, el Gobierno abonó a los 9.473 efectivos del sector público estatal de las Islas 8.481.272,06 euros en 2019, lo que supone una media de 74,61 euros para cada uno. En el caso de Ibiza y Formentera, el coste asumido por el Estado supera por muy poco el millón de euros para 716 efectivos.
El Partido Popular presentó una enmienda en el Senado para añadir 17 millones de euros más a la partida y lograr así la equiparación al plus de insularidad que reciben los servidores públicos desplegados en Canarias, ya que el complemento pasaría a ser de 246 euros al mes, muy lejos de los 1.833 euros mensuales que han venido percibiendo los altos cargos del Govern no mallorquines y de los 1.500 que percibirán a partir del mes que viene gracias a la reducción pactada entre Francina Armengol y Ciudadanos.
Este primer escalón no resolvería en absoluto el problema estructural que supone que, salvo excepciones, ningún servidor público opte voluntariamente por quedarse a vivir en las islas cuando puede irse a vivir a sitios en los que el salario le cunde más porque el coste de la vida es mucho más bajo.
Esta circunstancia provoca una situación de interinidad permanente en las plantillas de la Policía Nacional y la Guardia Civil, lo que afecta negativamente a la calidad del servicio porque todos sabemos que el diablo sabe más por viejo que por diablo y que la experiencia es un grado. Otros cuerpos y servicios también se ven afectados por la discriminación, aunque la problemática no sea tan visible.
Marí Bosó es un hombre prudente y se quedó corto cuando habló de que el incremento propuesto por el Partido Popular no «resulta especialmente impactante en las cuentas públicas».
La realidad es que estamos hablando de calderilla que no afectaría en absoluto a la esencia del proyecto presupuestario, máxime cuando se trata de unas cuentas públicas expansivas, y que, por lo tanto, su negativa se ha de atribuir únicamente y exclusivamente a la nula voluntad política de resolver un problema grave que tiene muy fácil solución. Y barata.
No sirvió de nada que Marí Bosó y el otro senador autonómico por Baleares, el econacionalista Vicens Vidal, pactaran votarse mutuamente las enmiendas a favor de las islas, tal como así fue, ya que el Gobierno tenía mucha urgencia en cerrar el capítulo de los presupuestos y evitó a toda costa que prosperara ni una sola de las 3.000 enmiendas presentadas en la Cámara Alta y, con ello, que el proyecto volviera al Congreso antes de ser aprobado definitivamente.
La única enmienda que hizo contener el aliento al Gobierno fue la presentada por Vidal para que las prestaciones de la Ley de Dependencia no fueran tenidas en cuenta, como otras, para el cálculo del ingreso mínimo vital gracias a la abstención de Esquerra Republicana de Catalunya. Finalmente, 127 votos en contra se impusieron a los 122 votos a favor del cambio, incluidos los del Partido Popular.