Los asistentes a una fiesta en una casa de Santa Gertrudis les podría salir el encuentro por más de 500.000 euros. Los agentes de la Guardia Civil levantaron una treintena de denuncias repartidas entre los ocho asistentes a la fiesta que se desarrolló durante el fin de semana en una propiedad de Santa Gertrudis, una vivienda que los denunciados no abandonaron hasta pasado el mediodía del domingo a pesar de haber sido advertidos la noche del sábado por agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Santa Eulària. Las patrullas habían acudido hasta la propiedad tras ser alertados por unos vecinos.
Según las informaciones recabadas por Periódico de Ibiza y Formentera, entre los asistentes a la fiesta ilegal hay personas originarias de los Países Bajos, alemanes, portugueses y eslovenos.
Treinta denuncias
A los asistentes se les han formulado varias denuncias, dos de ellas (desobediencia por negarse a la identificación y falta de respeto a la autoridad), infracciones recogidas en la ley de seguridad ciudadana, así como otra batería de denuncias por incumplimiento de la normativa Covid como no llevar mascarilla o reunirse con «no convivientes». A estas infracciones hay que sumar la más grave: la de participar, organizar o impulsar una fiesta, una infracción grave que recoge sanciones de multa de hasta 60.000 euros, según el último decreto del Govern balear. A estas cantidades habría que sumar los cien euros de multa por no usar la mascarilla y otras sanciones de 600 euros.
Desde la Guardia Civil hicieron hincapié en que los hechos son «muy graves», ya que desde el pasado miércoles la isla de Ibiza se encuentra en fase 4 reforzada en el panel de alertas sanitarias. Las propuestas de sanción serán tramitadas por la Conselleria de Interior del Govern balear.
A las sanciones económicas se suma la posibilidad de que sean expulsados del territorio nacional por «mantener de manera persistente una conducta contraria al orden público», una circunstancia que en el caso de los no nacionales abre la puerta al planteamiento de la expulsión del país. La Policía Nacional es la encargada de estudiar esta vía administrativa.
Desoyeron a los agentes
Las ocho personas fueron denunciadas el domingo a mediodía cuando empezaron a abandonar la vivienda donde habían pasado la noche a pesar de que durante la madrugada los agentes les conminaron a abandonar la casa. Desde la Guardia Civil subrayaron que los asistentes se negaron de forma reiterada.
Los ahora denunciados, todos de nacionalidad extranjera, fueron identificados a la salida de la propiedad. Entre ellos se encontraba el propietario de la vivienda, un hombre originario de los Países Bajos.
Paralelamente, agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil denunciaron a uno de los asistentes por dar positivo en un test de drogas.
Desde la Guardia Civil hacen un llamamiento a la responsabilidad y recuerdan que «ninguna de las acciones o conductas que supongan un riesgo para el interés general, en este caso para la salud pública, quedarán impunes».