Una de las cosas que está dejando ver esta pandemia provocada por la COVID-19 es que pese a que la gran mayoría respeta las normas, también hay quien decide saltarse la ley pese a poner en peligro a los demás. Son miles de personas las que han desobedecido la normativa anticovid desde que en el 10 de julio entrase en vigor el decreto de régimen sancionador covid. Tantas que a estas alturas en la Conselleria de Administraciones Públicas todavía están registrando las propuestas de sanción del mes de octubre.
En cifras, la Dirección General de Emergencias e Interior registró durante esos meses que engloban prácticamente todo el verano 7.467 denuncias –6.703 sanciones a particulares y 764 a establecimientos–. De estas, 1.512 corresponden a Ibiza con 1.363 sanciones a particulares y 149 a establecimientos. En Formentera, entre el 10 de julio y octubre, se contabilizaron 151 denuncias, 148 sanciones a particulares y tres a establecimientos.
En cuanto a las posibles multas que conllevan estas propuestas, en el total de la Comunidad, las 7.467 denuncias se pueden traducir en hasta 908.077 euros. Más de un tercio de este montante provendría de las Pitiusas, donde en Ibiza se podrían sumar hasta 365.851 euros, mientras que en Formentera la cifra podría ascender hasta los 27.300 euros. Además, como medidas cautelares se han cerrado tres establecimientos en Ibiza y uno en Formentera, de los siete que se cerraron en toda Baleares.
Estas cifras tienen meses de retraso ya que se está a punto de entrar en el mes de febrero. Desde la conselleria explicaron que durante los meses de verano llegaban muchas más denuncias de las que podían registrar al día. También señalaron que las propuestas de sanción no han parado de llegar y que son muchas las que esperan ser tramitadas.
Por eso, la conselleria cuenta con 10 instructores más desde hace un mes. En total, son 17 los trabajadores que están haciendo la tramitación y el ritmo se ha doblado por lo que esperan ponerse prácticamente al día durante la primavera sin que haya riesgo de que estas sanciones prescriban.
Vila, pionera en la isla
Una de las herramientas que facilitó el Govern con el Decreto Ley 11/2020 de 10 de julio para aligerar la tramitación de las sanciones es que fuesen los propios municipios quien se encargaran de las infracciones. Una posibilidad que el Ayuntamiento de Vila puso en marcha ayer. El municipio asume la tramitación de las denuncias y de las sanciones de todas las infracciones que detecte la Policía local en relación con el incumplimiento de las normativas de la COVID-19. El Ayuntamiento se convierte así en el primero de la isla en asumir esta tarea.
El objetivo es agilizar la tramitación de las denuncias y que las sanciones lleguen antes a los infractores. Desde la concejalía de Recursos Humanos se empleó una persona más al departamento de sanciones que se dedicará de forma específica a la tramitación de las denuncias derivadas por incumplimientos relacionados con la normativa covid.
Sobre el total de las 1.512 denuncias que se registraron hasta el mes de octubre, 549 corresponden a Vila: 522 a particulares y 27 a establecimientos.
Siete manifestaciones se han prohibido en Ibiza desde marzo
Desde que se declarase el estado de alarma el 14 de marzo de 2020, según los datos de Delegación de Gobierno, en Ibiza se comunicó la intención de celebrar 64 concentraciones. De estas, siete manifestaciones fueron prohibidas por las autoridades. Según explicaron, cuatro fue por no cumplir los plazos de convocatoria, mientras que las tres restantes fueron prohibidas por motivos sanitarios. Estas tres denegaciones se produjeron a raíz de la protesta celebrada el 4 de septiembre en el que una turba de ‘antimascarilla' protestó delante del Consell incumpliendo la normativa sanitaria y las directrices de la autoridad.