La isla de Ibiza sigue sin médico fijo para valorar la discapacidad, un problema crónico que se arrastra desde hace «muchos años; llegamos en 2015 y ya existía este problema desde bastante antes», explicó Fina Santiago, consellera balear de Servicios Sociales.
A finales de 2019 se presentó una persona al bolsín para ocupar la plaza de médico, que finalmente se ocupó en febrero de 2020. Con la llegada de la pandemia de coronavirus, Salud hizo un llamamiento a que se incorporaran todos los médicos que pudieran para dar servicio a los hospitales y la plaza para valorar la discapacidad en las Pitiusas quedó, de nuevo, vacía. «No teníamos a nadie más en ese bolsín y no hemos conseguido que se ocupe la plaza», reconoce Santiago. Actualmente, según precisaron desde Servicios Sociales, hay siete meses de espera para que se reconozca la discapacidad y un total de 208 personas aún no han conseguido esta primera valoración del grado de discapacidad.
Cabe recordar que el periodo máximo legal para la resolución y notificación de este procedimiento es de tres meses.
Necesidad
El reconocimiento de la discapacidad en sus diferentes grados es necesario para optar a una serie de ayudas y ventajas que ofrece la Administración para facilitar la vida y la integración de estas personas. Por ejemplo, a la hora de optar a plazas en oposiciones o bien a contratos específicos reservados a personas con alguna discapacidad, deducciones en la declaración de la renta o bien en aspectos más de ámbito local, como pedir la tarjeta especial para aparcar en zonas de minusválidos.
Soluciones temporales
Por el momento, y a falta de una solución definitiva que están buscando y trabajando, el médico de Mallorca se sigue desplazando cada 15 días. A esto se suma que han adaptado «todo un proceso de valoraciones on line, con la visualización de la persona y con el médico desde mallorca para así reforzar el servicio y que no fuera sólo el desplazamiento cada 15 días». También suscribieron un convenio con Salud para que los inspectores de Salud pudieran hacer estas valoraciones de discapacidad. A ello se suma que este mes harán un contrato menor para ver si consiguen ocupar la plaza. «Con todos estos recursos, en enero del año pasado teníamos una lista de espera de 12 meses y al acabar 2020 se redujo a siete meses; la hemos conseguido bajar. La espera media en España es de 18 meses», apuntó Santiago, quien señaló que estos recursos son herramientas de mantenimiento del servicio y no «una estructura» ya que siguen buscando un médico fijo que ocupe la plaza.
Este problema de conseguir médico fijo también se da en Mallorca y Menorca, así como en el resto del país. La consellera balear de Servicios Sociales explicó que es una plaza «poco atractiva» en general para un médico «que ha estudiado diez años. Incluso nos pusimos en contacto con el Colegio de Médicos de Baleares para ver si podíamos hacer algún convenio con ellos, pero no encontramos la fórmula legal. Yo entiendo que es poco atractivo para un médico trabajar en esto, sobre todo cuando tienen muchísimas ofertas». Cabe recordar también que sacaron a licitación un contrato abierto para ocupar la plaza «de más de 50.000 euros y no se presentó nadie». Sobre si han explorado la vía de incorporar a estudiantes MIR a este servicio, Santiago expresó que sí, «pero tienen que estar contratados; no son autónomos y tienen guardias; es complicado». En cualquier caso, afirmó que están trabajando en una solución definitiva de la que no quiso avanzar nada hasta no tener todo cerrado.
La consellera Fina Santiago afirmó, además, que en las reuniones interterritoriales con el Gobierno el Govern transmite que debe cambiar la normativa estatal sobre las valoraciones de discapacidad ya que el problema se agravará a medida que se vayan jubilando los médicos que están prestando estos servicios, que suelen ser «por lo general, mayores de 60 años». En este sentido, Santiago insiste en que se debe modificar el sistema para evaluar la discapacidad o que lo haga otro profesional que no sea un médico.
El reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad están regulados por un decreto del Gobierno de 1999, que ha sufrido modificaciones, pero se mantiene que la estructura del equipo profesional que hace estas valoraciones tiene que tener al menos un médico, un psicólogo y un trabajador social.