La Fiscalía de Cataluña se ha querellado por desobediencia contra el ibicenco Josep Costa, vicepresidente del Parlament de Cataluña en la pasada legislatura, y contra el resto de sus compañeros en la Mesa por desobediencia al tramitar resoluciones a favor de ejercer el derecho a la autodeterminación y para reprobar a la monarquía.
El Periódico de Ibiza y Formentera se puso en contacto con Costa para recabar su valoración sobre esta querella y éste solicitó que le llamáramos dos horas después, a las 19 horas, «porque ahora mismo estoy ocupado».
Este rotativo volvió a llamar a la hora fijada (y en 15 ocasiones) pero el político ibicenco optó por no descolgar el teléfono. Lo que sí que hizo es poner un tuit para tratar de encender los ánimos de sus seguidores: «La Fiscalía nos ha puesto hoy la querella más anunciada de la historia: estaba a punto y han dejado pasar el 14F por intereses partidistas del Gobierno del cual depende. Tendría que ser también la querella más inútil porque quiere silenciar a todo un parlamento y eso no podemos permitirlo».
Destacar que la Fiscalía Superior de Cataluña pide en su escrito a la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que cite como investigados al presidente del Parlament catalán en la pasada legislatura, el republicano Roger Torrent, a su compañera de partido Adriana Delgado y a los miembros de Junts per Catalunya Josep Costa y Eusebi Campdepadrós por un delito de desobediencia a la autoridad judicial, al desoír presuntamente los mandatos del Tribunal Constitucional.
Costa y sus compañeros independentistas en la Mesa del Parlament tramitaron, según señala el escrito de Fiscalía, tres resoluciones en la pasada legislatura a favor de ejercer el derecho a la autodeterminación y para reprobar a la monarquía pese a las advertencias de su ilegalidad realizadas por parte del secretario general del Parlament y con pleno conocimiento de que el Tribunal Constitucional se lo había prohibido.
Concretamente, este tribunal suspendió en octubre de 2019 diversos aspectos de una resolución del Parlament en la que ratificaba el derecho de autodeterminación de Cataluña y advirtió a Torrent y al resto de miembros de la Mesa de las consecuencias penales si se ignoraba o eludía esta suspensión.
En tres providencias, el Pleno del Tribunal Constitucional admitió a trámite por unanimidad los incidentes de ejecución presentados por el Gobierno, por lo que se suspendieron determinados incisos de la resolución aprobada por el Parlament el 25 de julio de 2019: la reafirmación de la reprobación del rey, la confirmación del objetivo de la independencia y la de ejercer el derecho de autodeterminación.
El tribunal pidió a su vez notificar personalmente esta decisión a Torrent y al resto de miembros de la Mesa de la cámara catalana, a quienes se les advirtió de su obligación «de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir».