Para poder construir vivienda de protección oficial (VPO) nueva en Ibiza, será necesario habilitar suelo que actualmente es rústico a través de modificaciones en el planeamiento urbanístico. «Se deberá ocupar el mínimo suelo nuevo posible y siempre que esté adjunto a suelo urbano», especificó el conseller de Movilidad y Vivienda, Josep Marí Ribas, en el programa de debate y entrevistas Bona Nit Pitiuses de la TEF.
Marí Ribas indicó que tiene previsto hablar con los ayuntamientos para «ver el modo de hacer vivienda mediante modificaciones del planeamiento o cualquier otra fórmula» por la que se pudiese «habilitar suelo, pero exclusivamente para hacer vivienda pública en régimen de alquiler».
Esas modificaciones implicarían acudir a las áreas de transición de los municipios, dado que «es por donde tienen que crecer los suelos municipales, si es que tienen que crecer de alguna manera».
A pesar de valorar esta posibilidad, mostró la preocupación del Govern por intentar que no se utilice suelo rústico, «porque lo que tampoco podemos hacer en las islas es ocuparlo todo con vivienda. No se trata de eso».
Subrayó que todas las instituciones deberán hacer un esfuerzo para conseguir incrementar el parque de VPO pública en Ibiza, algo que siempre se hará en suelo en el que el planeamiento lo permita. «Los planeamientos municipales son los que ordenan y dicen si se puede o no se puede construir en una zona», puntualizó.
El conseller hizo mención también a particularidades de la isla como la escasa densidad de vivienda en las zonas construidas, un aspecto en el que «se podría trabajar, pero siempre sin ocupar suelo nuevo».
Por otra parte, mencionó otras alternativas viables con este fin, como es la utilización de suelos destinados a equipamientos municipales para la construcción de VPO, una opción que podría explorarse con el Ayuntamiento de Sant Josep una vez que el Consell d'Eivissa apruebe las normas provisionales en las que se prevé incrementar este tipo de suelo en el planeamiento.
Diferentes opciones que se explorarán en la isla, donde apenas se ha construido VPO pública en los últimos años. Marí Ribas quiso destacar en este aspecto los esfuerzos del municipio de Vila, «donde se ha hecho una gestión de planeamiento urbanístico buena y ha tenido posibilidad de poner en marcha la construcción 86 VPO nuevas en tres promociones distintas» que podrían estar terminadas este año.
El conseller de Movilidad y Vivienda, Josep Marí Ribas, ayer en el programa BNP. Foto: Marcelo Sastre.
Discutir el justiprecio
Frente a las críticas recibidas por la puesta en marcha de las medidas para la cesión obligatoria de uso, la expropiación temporal, de 56 viviendas de grandes tenedores vacías durante más de dos años, el conseller valoró que «a la derecha en general lo que le molesta es que haya un gobierno que haga política de vivienda y haga de la vivienda un bien fundamental que cumpla con su función social». Insistió en el valor de esta medida como un incentivo para que aquellos que tienen «muchas viviendas cerradas que llevan más de dos años sin uso las pongan en el mercado de la forma que quieran».
Aseguró que se trata de un procedimiento garantista en el que la propia ley prevé que el propietario pueda hacer alegaciones y que sí se ejecuta la expropiación temporal se pagará al propietarios de la vivienda un justiprecio. «Seguramente se discutirá si el precio que se le paga al propietario es justo o no, pero se le paga».
Recordó que existe una ley, que se aprobó en el Parlament balear y frente a la que no se presentó ningún recurso de inconstitucionalidad. «Lo que se hace es aplicar esta ley, tener una ley aprobada y no aplicarla sería lo anormal».