La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sant Antoni aprobó este lunes la revocación del permiso de instalación concedido a la entidad Bambagas S.L para la actividad permanente mayor de kiosco-bar en el dominio público de Punta de Cala Gració.
Según explicaron desde el Consistorio, la decisión se ha tomado siguiendo informes técnicos y jurídicos elaborados por personal municipal. El expediente para la revocación del permiso se inició en enero y, tras recibir y responder las alegaciones de la empresa, el Ayuntamiento hace efectiva retirada de esta autorización.
Según explicó el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, los servicios técnicos justifican en su informe que el proyecto presentado por la empresa «no se ajustaba a la realidad de lo que se construyó. Ellos presentaron un proyecto ante el Ayuntamiento y lo que construyeron en su momento no se ajustaba a lo que se había autorizado».
La estructura, que estuvo instalada los veranos de 2018 y 2019, debía estar plana sobre las rocas conforme al proyecto, mientras que la empresa instaló un kiosco sobre columnas, «con lo que el impacto visual era mucho más elevado de lo que se había permitido».
Además, según el informe municipal, se instaló también una barandilla en la zona de uso de los clientes que tampoco estaba contemplada en el proyecto.
La empresa puede plantear recurso frente a esta decisión.
No podrán renovar
La instalación del chiringuito se hizo a través de una autorización de la Dirección General de Costas tras recibir permiso por parte del Ayuntamiento.
Tras la revocación de este permiso municipal, Bambagas S.L. no podrá solicitar la prórroga que ya anunció en su momento de la instalación del kiosco-bar sin recibir una nueva autorización por parte del Ayuntamiento.
El permiso debería estudiarse de nuevo por los servicios técnicos.
Reclamación económica
El alcalde de Sant Antoni indicó que desde el Ayuntamiento no se han tenido nuevas noticias del procedimiento que inició la empresa Bambagas S.L. para solicitar una indemnización por lucro cesante.
La empresa planteaba reclamar una compensación que superaba el millón de euros al no haber permitido el Ayuntamiento la instalación del chiringuito durante dos veranos, cuando la empresa ya contaba con un permiso de instalación «válido y completamente vigente».