Pablo tiene 16 años, repite 4º de ESO en el instituto Algarb de Sant Jordi y sufre una discapacidad funcional. Su madre, Carmen Ortúzar, quiere que estudie lo que más le gusta, que es la jardinería, pero denuncia que la conselleria de Educación del Govern balear le impide acceder a este curso de Formación Profesional (FP). Para cumplir el deseo de su hijo, cuenta con el respaldo de la Asociación Pitiusa por la Inclusión Educativa y Social (APIES), que se ha implicado en la causa, llevándola a los tribunales «con el objetivo de que todos los niños tengan los mismos derechos», como reclamó ayer la presidenta de esta entidad, Lola Penín.
En una comparecencia ante los medios de comunicación en el bulevar Abel Matutes, en Ibiza, Penín anunció que han interpuesto dos recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) contra la conselleria de Educación por impedir que Pablo pueda acceder al curso de Agrojardinería y Composición Floral, al no asignarle los apoyos necesarios. Por un lado, APIES ha recurrido judicialmente la resolución del 19 de febrero del conseller de Educación y Formación Profesional del Govern por la que se desestima la asignación de los medios de apoyo necesarios para este estudiante. Además, la asociación ha interpuesto un segundo recurso contra de la Dirección General de Formación Profesional por denegar, por silencio administrativo, la formalización de la matrícula de Pablo. Tanto Penín como Ortúzar criticaron abiertamente que la conselleria de Educación del Govern «está incumpliendo muchas leyes que amparan a los niños con diversidad funcional».
Pablo dispone actualmente del apoyo de un auxiliar técnico educativo y quiere cursar la FP de jardinería, que se imparte en el mismo instituto. Aunque una solución podría ser que el auxiliar se trasladara a la FP, «desde la conselleria no acceden, prefieren que repita curso y no quieren ponerle los recursos necesarios», explicó Penín. Según las denunciantes, que contaron con el apoyo presencial de un grupo de padres y madres de jóvenes con diversidad funcional, Educación considera que el alumno «no es apto» para realizar esta formación, y le ofrecen como alternativa una FP especial de cocina -«un curso que a Pablo no le gusta», según su madre- o un aula de apoyo en un colegio especial, pero Carmen quiere que su hijo siga formándose en un entorno inclusivo dentro del ciclo educativo.
La presidenta de APIES aseguró que han agotado todas las vías administrativas para solucionar el caso, por lo que finalmente se han visto obligados a recurrir judicialmente: «Nuestro objetivo no es que solo a Pablo se le dé la opción de estudiar lo que le gusta, como a cualquier niño, sino que se abra también a los demás». «Los niños no tienen que ir donde están los recursos, sino que los recursos tienen que ir donde están los niños», añadió.
Carmen Ortúzar aseguró que a su hijo «le encanta» la jardinería desde que, precisamente, comenzó con esta asignatura optativa en el mismo centro. «No es justo que la conselleria diga quién vale o quién no vale», afirmó, y añadió que «nadie sabe hasta dónde pueden llegar los estudiantes en su progresión, ni los niños con diversidad ni los que no la tienen».
Según la madre, el orientador del instituto apoya la formación de jardinería para Pablo, «un curso que es su sueño, porque los chicos deben estudiar lo que les gusta para formarse en el futuro y para que puedan conseguir una certificación que les permita trabajar en servicios públicos». En este sentido, recordó que «de los 160 jóvenes con diversidad funcional que realizan la FP en Cocina, solo uno está trabajando, o sea, que algo está fallando».