Los vecinos de las escaleras 3 a 5 del edificio A de los apartamentos Don Pepe, en Es Codolar, deberán abandonar sus casas antes del viernes. El Ayuntamiento de Sant Josep ha ordenado el desalojo del edificio en un plazo de 72 horas ante la situación de «ruina» que presenta.
La propia administración local se hará cargo del realojo de aquellos vecinos que lo requieran durante un período de dos meses y pondrá a su disposición un dispositivo de Servicios Sociales para ayudarles en sus necesidades y en la búsqueda de una nueva vivienda.
El alcalde de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero, informó ayer de la firma del decreto de inicio del procedimiento de ruina, dado que se trata de un inmueble «condenado», en el que convergen las situaciones de: ruina técnica, hay un riesgo de colapso por las patologías del hormigón y el hierro; una ruina económica, dado que la intervención para reparar el edificio «tendría un coste de entre 4 y 5 millones de euros» según cálculos municipales; y ruina urbanística, dado que el edificio no tiene licencia.
«De forma automática un edificio en ruina no se puede habitar», explicó el alcalde, de modo que ayer se dio inicio a la notificación a los vecinos a través de la Policía Local de la orden de desalojo. También se hará el anuncio público en el tablón municipal, el Boletín Oficial de las Illes Balears y la prensa.
Los vecinos tendrán este plazo de tres días desde la notificación antes de ponerse en marcha el operativo de desalojo forzoso, que contará con la intervención de servicios sociales, el colegio de psicólogos, la Policía Local y la Guardia Civil.
Guerrero aseguró que se trata de una decisión meditada que se toma al no encontrar otra alternativa y que se estudiaron diversas opciones que no se vieron viables.
La comunidad de vecinos dispone ahora de 15 días para recurrir la decisión municipal. El alcalde manifestó que el Ayuntamiento será lo más ágil posible en el procedimiento para evitar la indefensión de los vecinos y permitir su acceso a la vía judicial si así lo creen conveniente.
El alcalde indicó que la declaración de ruina implica, además, dar «seguridad jurídica» a los vecinos, al posibilitar que se dejen de pagar las hipotecas en vigor, algo para lo que ofreció los servicios de asesoramiento municipal a los vecinos que lo requieran.
Oferta económica
Por otra parte, el alcalde dio cuenta de la oferta de compra del edificio, que se trasladó a los representantes de los vecinos el pasado martes, que asciende a 1.971.000 euros. El objetivo del Consistorio sería demoler el edificio para ejecutar una acción de esponjamiento medioambiental, que implicaría el restablecimiento de la zona a su estado anterior a la edificación.
«Entiendo que esta oferta de compra no es lo que esperan», señaló Guerrero, que recalcó que se trata de una opción que el Ayuntamiento no estaba obligado a tomar y que no se trata de una expropiación. El precio ha sido fijado por un tasador externo.
«Se trataría de una actuación medioambiental. Es un suelo que se encuentra dentro del espacio natural de Ses Salines y por tanto sería posible poner en marcha este esponjamiento medioambiental como una opción para poder compensar a los vecinos», indicó Guerrero.
El reparto entre las 48 viviendas de las que consta el edificio supondría 41.000 euros por cada una. Los vecinos tienen prevista una reunión este viernes en la que se evaluará la oferta, si bien la presidenta de la comunidad de vecinos, Silvia Hernández, ya indicó que se considera una cantidad «irrisoria».
Si la propiedad decidiera vender la edificación, el Consistorio se haría cargo de todos los gastos para la demolición y recuperación de la zona, así como del apuntalamiento que se hizo en la escalera 1. Toda la actuación estaría valorada en más de 4 millones de euros.
En caso de no aceptarse la oferta, el alcalde indicó que tendrían que ser los propietarios los que se tuvieran que hacer cargo de todas estas actuaciones, también del apuntalamiento que todavía no se ha repercutido en los vecinos.
Guerrero valoró esta compensación como un beneficio para los vecinos, que recibirán una compensación por la pérdida, y para los ciudadanos que recuperarán un espacio medioambiental. Aseguró que la oferta se mantendrá aunque los vecinos recurran el procedimiento de ruina.
El Consell considera que existen alternativas al derribo
El conseller de Territori, Mariano Juan, explicó ayer, respecto al informe insular en el que se consideraba la declaración de ruina como la única opción viable para el edificio A de los apartamentos Don Pepe, que «ello no implica que la única opción sea derribar el edificio».
Recalcó que la decisión respecto a este tema pertenece exclusivamente al Ayuntamiento, por lo que el Consell «no tiene nada que decir», pero si puntualizó que el informe de la institución insular indicaba que «si es cierto que existe un peligro estructural de que aquello colapse, y parece ser que es así, se debe tramitar el expediente de ruina, lo que implica ordenar a la propiedad que haga lo que tenga que hacer: rehabilitar o derribar».
En cuanto a esta hipotética rehabilitación del edificio, que el Consistorio ve inviable al encontrarse el edificio fuera de ordenación (conforme a los que indica la LUIB en su artículo 126.2.c), Juan recordó que «si bien no consta que exista licencia, el proyecto del edificio sí se presentó al Ayuntamiento». Dado que existió ese proyecto presentado el Consell no pudo asegurar en su momento si el edificio tenía o no tenía licencia. «Está claro que la obra clandestina no fue, es un edificio suficientemente grande como para que el Ayuntamiento tuviera constancia en su momento de su construcción», valoró el conseller, algo que denota una situación «muy anómala» por la que la técnica insular no pudo determinar si en el edificio se podían, o no, autorizar obras.