El Ayuntamiento de Sant Josep aseguró ayer que va a retomar el desalojo de las últimas tres escaleras de los apartamentos Don Pepe «por razones de seguridad» tras notificarse la resolución del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Palma, «que desestima las medidas cautelares provisionales para suspender el desalojo de las tres últimas escalera del edificio A de los apartamento Don Pepe», según explicó el Consistorio en un comunicado.
En dicho escrito, el Ayuntamiento insiste en que en este caso y por causa de «mera prudencia, se tiene que dar prevalencia a la seguridad de las personas y bienes» sobre «el derecho a ocupar las viviendas».
Por su parte, fuentes vecinales aseguraron que el auto judicial lo que ha hecho «es convertir las medidas cuatelarísimas que se solicitaban en cautelares porque no aprecia urgencia». Según estas mismas fuentes deja de existir la urgencia porque los vecinos que no quieran abandonar voluntariamente sus pisos sólo podrán ser obligados a hacerlo con una orden judicial, por lo que es en definitiva el propio Tribunal el que decide sobre los desalojos.
Asimismo, los vecinos recalcaron que, en caso de que el Ayuntamiento continúe con los desalojos «y finalmente el juez dé la razón a los propietarios del Don Pepe, tendrá que hacer frente a indemnizaciones».
Ante estas informaciones, el portavoz de Ciudadanos en Sant Josep, Daniel Becerra, exigió al conseller balear de Movilidad y Vivienda, Josep Marí, que se implique y colabore con las familias del edificio.
En un comunicado, Becerra consideró que «ante una tragedia de esta magnitud, el Govern balear no puede quedarse de brazos cruzados, ya que el futuro de muchas familias pende de un hilo». Aseguró a su vez que Marí conoce de primera mano la dramática situación que viven estas personas y desde su Conselleria debe articular ayudas «urgentes y excepcionales». «Este es un caso de emergencia social», manifestó el portavoz de la formación naranja.
Becerra también aseguró que el conseller tiene «una gran oportunidad para resarcirse del grave error que cometió el pasado verano cuando, siendo alcalde, recurrió un fallo judicial que obligaba al Consistorio a mantener los realojos provisionales, una acción con la que demostró una gran falta de sensibilidad hacia las familias que en aquel momento no tenían alternativa habitacional».
Por otro lado, el portavoz de Ciudadanos calificó como «decepcionante» la gestión municipal en este tema «por su falta de comunicación, transigencia y voluntad política para buscar soluciones». «El Ayuntamiento debe garantizar el realojo de los vecinos más allá de los dos meses que les ofrece y para ello cuenta con un remanente de 34 millones de euros», remarcó.
Asimismo, consideró que «todavía existen cauces políticos y jurídicos para dar marcha atrás y buscar otra solución para las familias».
Por su parte Josep Marí Ribas, en respuesta a una pregunta realizada por la diputada popular Virginia Marí sobre la situación del edificio Don Pepe, expresó su preocupación y destacó la búsqueda de soluciones para los vecinos afectados. Recordó que el edificio está fuera de ordenación, sin licencia y con una situación técnica que muestra en el inmueble patologías graves.
Así, calificó la situación de «muy preocupante». «Conozco muy bien esta problemática, me ha ocupado y preocupado mucho», ha insistido Marí.
El conseller reiteró que trabajará para aligerar la carga que supone esta situación para los afectados, aunque en ningún momento dio ninguna alternativa ni realizó ninguna propuesta concreta para tratar de solventar este «drama».