Los vecinos de los apartamentos Don Pepe ya tenían todo preparado para empezar las obras de consolidación del edificio antes de que empezaran las restricciones por la pandemia. Así lo anunció ayer la portavoz de los afectados, Silvia Hernández, durante la entrevista que protagonizó anoche en el programa Bona Nit Pitiuses de la Televisió d'Eivissa y Formentera (TEF).
Según señaló, todos los arquitectos que visitaron el inmueble, tres en total además de una arquitecta técnica que realizó el proyecto de reparación, se mostraron convencidos de que todas las patologías detectadas eran «identificables y reparables», por lo que no pueden dejar de sorprenderse por el interés del Ayuntamiento de Sant Josep en derribar el edificio.
«Todas las patologías detectadas son de fácil solución según los técnicos», declaró Hernández, tanto es así que tenían previsto iniciar los trabajos antes de que desatara el coronsavirus mediante una de claración responsable de obra.
Para ello, subrayó, ya tenían un proyecto redactado, ya habían contactado con una empresa, habían aprobado en junta vecinal una derrama y contaban con el dinero para iniciar los trabajos. «Sólo estábamos a la espera de que mejorara la situación sanitaria para proceder a realizar los trabajos», recalcó la portavoz de los afectados.
Sin embargo, en lugar de poder proceder a asegurar sus hogares, las decisiones consistoriales les han conducido a este drama social que están tratatando de solventar, aunque no consideran que el Ayuntamiento esté por la labor de encontrar una solición que no sea el derribo.
De hecho, Hernández indicó que la intención del Consistorio desde un primer momento fue la de echar abajo el inmueble ya que, «hace un año, cuando Ángel Luis Guerrero era todavía concejal de Urbanismo, me dijo tanto a mí como a otros vecinos que lo iban a derribar».
En este sentido, recordó que el Consell d'Eivissa, en un informe, aconsejó iniciar el expediente de ruina para que así el Ayuntamiento pudiera obligar a los propietarios a reparar el edificio, «algo que vimos con muy buenos ojos ya que nuestra intención es reparar y lo teníamos todo preparado». Sin embargo, «el Consistorio optó por la otra vertiente, la de tirsar todo abajo».
En cuanto a la única solución aportada por el equipo de gobierno josepí, consistente en comprar el edificio por algo menos de dos millones de euros y pagar durante dos meses el alquiler a los afectados, Silvia Hernández la calificó como inaceptable, y puso como ejemplo su situación actual. «Me quedan por pagar 80.000 euros de la hipoteca. El Ayuntamiento me da 20.000. Ahora, en pleno verano, tengo que encontrar un piso que no creo que me cueste menos de 1.200 euros al mes. A todo eso hay que sumarle que hay que abonar una fianza y pagar algún mes por adelantado. Y todo ello siguiendo pagando cada mes mi hipoteca», algo que el banco no la va a perdonar ni a ella ni a ninguno de los afectados.