El Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha desestimado la solicitud que el Ayuntamiento de Sant Josep formuló hace un año para inspeccionar las viviendas de la escalera 2 del bloque A de los apartamentos Don Pepe, en la playa de es Codolar. El Consistorio ya inspeccionó la escalera 1 hace un año, pero ahora la juez prohíbe la entrada a otros pisos tras la impugnación de los decretos de desalojo que realizaron los vecinos.
El futuro de los apartamentos Don Pepe enfrenta a sus propietarios y moradores con el Consistorio y está condicionado a las decisiones judiciales, una de las cuales es este auto del pasado viernes, 16 de julio, en el que la magistrada Núria Magem deniega la autorización a los técnicos municipales para entrar en las viviendas de la citada escalera.
El auto del juzgado de Palma fue recibido con optimismo por los vecinos afectados, cuya presidenta, Silvia Fernández, aplaudió ayer este paso y reiteró que su voluntad es «arreglar las estructuras de los edificios y seguir viviendo en los mismos», en contra de la consideración del Consistorio, que apostaría por el derribo por amenaza de ruina y una compensación económica para los propietarios.
Esta última resolución judicial, cuyo trámite se inició el 29 de julio de 2020, refuerza los planteamientos de la asociación de vecinos en cuanto a que consideran que «la reforma de los inmuebles es factible, como nos dicen nuestros arquitectos y abogados asesores, pero el Ayuntamiento no concede la licencia porque el edificio está fuera de ordenación», según la presidenta.
«La jueza nos ha dado la razón de momento porque impugnamos los decretos de desalojo tanto de la escalera 1 como de la 2, y estima que no procede entrar en las viviendas de la escalera 2 y que este asunto se abordará en su conjunto en el expediente general donde se traten estos decretos de desalojo de ambas escaleras», explicó Silvia Fernández.
«Es un pequeño triunfo porque, si entran en las viviendas como hicieron en la escalera 1, apuntalarían y estropearían todo. Si no hay necesidad, entonces para qué se tienen que estropear las viviendas. Estamos contentos porque pasito a pasito vamos avanzando hacia nuestro objetivo, que es arreglar nuestras casas», añadió la portavoz.
«Sin trascendecnia»
En esta última resolución, que puede ser recurrida por el Ayuntamiento de Sant Josep antes de dos semanas, la jueza apela a las garantías constitucionales sobre la inviolabilidad del domicilio y recuerda que los decretos en virtud de los cuales se solicita la entrada en los apartamentos Don Pepe por parte del Ayuntamiento se encuentran impugnados en el juzgado, que en su día dictó una medida cautelar, y remite al órgano judicial competente para que resuelva la citada medida cautelar y autorice o deniegue la entrada en las viviendas.
Fuentes municipales de Sant Josep no entraron a valorar este auto, asegurando que acatan las resoluciones judiciales, aunque matizando que se trata de «un asunto del año pasado que carece de trascendencia» y que el proceso se encuentra enmarcado en varios frentes judiciales pendientes de resolución.