Los vecinos del edificio okupa de Punta Pedrera siguen preocupados por el estado de la zona. El edificio de la calle Torrent 6, que lleva años okupado, supone un quebradero de cabeza para algunos de ellos que ven como quienes habitan ese edificio actúan sin ningún tipo de respeto por la convivencia con los vecinos de la zona.
Estos vecinos, que se reconocen atemorizados y prefieren que no aparezcan publicados sus nombres, no solo hablan de basuras y escombros, que tiran directamente a la calle, de talleres clandestinos en el párking del edificio o de que hacen sus necesidades en los bosques que separan al edificio okupado de los demás. Hablan también de quema de muebles viejos en lo que habrían sido los jardines de los apartamentos. Además aseguran que hay menores viviendo en el inmueble.
Desesperación
Los vecinos hacen llegar fotos de montones de muebles y enseres de antiguos okupas amontonados en la calle, de cantidades considerables de material de obra o de sus mascotas manchadas de aceite de motor tras escaparse y pasar por el párking de la urbanización. También mandan vídeos de estos vecinos lanzando materiales directamente a la calle, o de las hogueras que encienden en sus jardines. Otra queja de los vecinos gira en torno a la falta de iluminación de las calles de la zona, que incrementa su temor a la hora de salir de sus casas durante horas nocturnas.
No es la primera vez que hablan de este problema, la última fue el pasado mes de enero, cuando ya explicaban en las páginas de Periódico de Ibiza sus preocupaciones, que poco han cambiado.
Entonces recordaban el tipo de personas que viven en este inmueble abandonado a medio hacer, con continuas peleas y ruidos, incluso con un capítulo escabroso con un machete como protagonista. Ya entonces se quejaban de los fuegos que se encendían en estas viviendas, y esta continúa siendo una de las principales preocupaciones ya que el peligro de incendio en esta época del año es más que evidente. Si bien la finalidad de los fuegos que se encienden ahora no tienen como fin paliar el frío del invierno como hace unos meses, en pleno verano se siguen encendiendo hogueras con el fin de deshacerse de muebles y enseres viejos. El peligro que suponen estas quemas en pleno verano en cuanto a que puedan provocar un incendio forestal en esta zona es evidente, no obstante no está de más recordar el fatídico incendio que acabó con la vida de Rossana Venturini en el edificio okupado en Es Viver en 2019, cuyas condiciones de seguridad no distaban de las que presenta esta urbanización abandonada hace más de una década.
El Ayuntamiento actúa
Por parte del Ayuntamiento de Sant Josep, es consciente de la problemática y ha venido actuando de manera subsidiaria a lo largo de los años ante la inacción del grupo inmobiliario propietario. También reconocen la dificultad a la hora de gestionar el problema al tratarse toda esa zona de una propiedad privada. Desde el consistorio de Sa Talaia declaran que, ya se le han comunicado dos requerimientos en lo que va de año para que actúen. Según en Consistorio ya han recibido respuesta de manera positiva.
Los servicios sociales del Ayuntamiento son conscientes de que hay un menor viviendo en la urbanización, no obstante tras haberlo visitado han considerado que el menor se encuentra bien atendido y en condiciones dignas. Sobre las basuras que acaban acumulándose en la calle, Sant Josep, a través de la UTE Es Vedrà, viene retirándolas periódicamente.
Sobre la falta de iluminación, el delegado de Cala de Bou, Antonio Viñarás, asegura que, a través de las asociaciones vecinales de Cala de Bou y Port d'es Torrent se ha conseguido recepcionar la zona, de manera que el alumbrado de la C/Mastelí empezará a funcionar en pocos meses y espera que el resto de calles lo haga también en breve.
Un problema antiguo
En la urbanización de Punta Pedrera había previstas 244 viviendas. En 2007 el Ayuntamiento de Sant Josep anuló la licencia para construirlas y en 2008 el Govern del Pacte del Progrés protegió esta zona de la costa josepina como suelo rústico protegido bajo el amparo de la ley 4/2008 de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible. Los propietarios de los terrenos denunciaron este cambio urbanístico y, finalmente, el Ejecutivo autonómico se vio obligado a pagar 86,7 millones de euros más 21,8 adicionales en concepto de intereses a las sociedades Punta Ibiza S.L y Mecron S.L, propietarias en ese momento de estos terrenos, por la protección de Punta Pedrera.