Pepita Costa (Ibiza, 1967) es la presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (FAPA) de las Pitiusas. Recientemente, ha sido elegida también presidenta del Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB), un órgano consultivo en el que están representadas todas las voces de la comunidad educativa y por el que pasan, para su valoración, buena parte de las decisiones del Govern en lo que a este ámbito se refiere. Reivindicativa y con los pies en la tierra, tiene claro que el curso que acaba de empezar ha de ser «ya el de la normalidad». Pero también un periodo que el sistema debe aprovechar para dar respuesta a aquellos alumnos que se han visto más afectados por la pandemia de COVID-19.
Apuesta por la inclusión, lucha por la igualdad de oportunidades y exige a la clase política cintura suficiente como para que la nueva Ley de Educación balear, que ahora está en fase de tramitación, sea fruto del consenso. Porque si algo tiene claro esta gestora graduada en Turismo es que «la educación no puede ser un arma ideológica».
—Acaba de comenzar el curso y la pandemia sigue ahí. ¿Está de acuerdo con las medidas adoptadas por Educación y Salud para este inicio de curso en Ibiza y Formentera?
—Desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, nosotros hemos tomado la postura de que no es estar de acuerdo o no. Simplemente, aceptamos las medidas que nos vienen desde las autoridades sanitarias. Estas medidas surtieron efecto durante el año pasado. Consiguieron mantener todos los centros abiertos. Hay diferentes opiniones, por supuesto. Hay gente que opina que las medidas deberían relajarse. Más después de un verano en el que hemos visto que se han relajado. Tal vez esa haya sido la causa de que se haya registrado una incidencia tan alta en todo el territorio nacional. Y especialmente en las Islas. Pero nosotros aceptamos las medidas que nos imponen las autoridades sanitarias, nos gusten o no nos gusten.
—El presidente de la Associació Professional de Docents d'Eivissa, Joan Amorós, dice que no es comprensible que los alumnos tengan que usar la mascarilla en el patio cuando, desde hace semanas, no se utiliza en la calle.
—Sí, estamos en lo mismo. En los colegios se pretende ser más precavido que en otros sitios. Nosotros hemos pedido explicaciones a las autoridades sanitarias y nos han explicado que todo lo hacen para garantizar que el curso salga adelante, que los centros sigan abiertos y que no haya ningún problema grave. De todos modos, también se han comprometido a ir relajando las medidas si se cumplen diferentes condiciones: que la situación pandémica vaya mejorando, que la vacunación demuestre realmente tener efectos y que la variante delta vaya pasando. Es el compromiso que tienen con nosotros. Las familias pedimos coherencia entre lo que pasa en la calle, en los parques, en las oficinas, en los restaurantes y en las escuelas. Ellos quieren en las escuelas unas medidas totalmente garantistas pero no en otros ámbitos sociales.
—Es curioso porque a los niños y los adolescentes no les genera ningún problema llevar mascarilla. Han normalizado esta medida de protección y somos los adultos los que ponemos las pegas.
—Estoy de acuerdo con usted. El curso pasado ellos nos dieron una lección y un buen ejemplo. Había muchos escépticos sobre su comportamiento y la verdad es que fueron a la escuela, tanto niños como adolescentes, con sus mascarillas y sin dar problemas. Muchas veces somos los adultos los que les sugestionamos. Es verdad que, cuando hace mucho calor, a lo mejor les molesta. Pero realmente somos los adultos los que más nos quejamos. Creo que tenemos que entender que las autoridades sanitarias buscan que las escuelas permanezcan abiertas. Nadie quiere el cierre de los centros. Y, si para ello tenemos que continuar con estas medidas, es el menor de los males.
—¿Usted defiende que se mantenga la presencialidad?
—Sí, nosotros tenemos el compromiso por parte de la Conselleria de Educación de que la enseñanza será 100% presencial en todas las etapas educativas. Esto quiere decir en todos los cursos de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, Formación Profesional básica, en los ciclos medios y superiores... en todos.
—¿Tan negativa ha sido la educación telemática?
—Ha habido un alumnado con un entorno familiar que ayudaba y, además, otro que tenía autonomía suficiente. ¿Ha perjudicado a algunos alumnos? Sí. Sobre todo, a los que no tienen esta autonomía. Estamos hablando de, por ejemplo, alumnos de segundo de ESO con semipresencialidad, es decir, alumnos de 12 y 13 años. En cuanto al entorno familiar, no todos los alumnos tienen uno que esté ahí, que les anime, que les ayude. Además, hay que tener en cuenta que a los alumnos, a estas edades, les cuesta mantener la atención, ir al centro... Si les cuesta en esas circunstancias, imagínese en casa. Ha habido un porcentaje del alumnado que ha sufrido consecuencias negativas.
—¿Está previsto solventar de alguna manera en este curso esos déficits que ha provocado la enseñanza telemática o quedará como un paréntesis en la vida de estos alumnos?
—Nosotros hemos pedido al Servicio de Atención a la Diversidad (SAD) y a los centros que haya refuerzo y nos han dicho que sí, que lo harán con este alumnado que puede haber quedado más desvinculado. Nos consta que se va a hacer, pero nos preocupa que no se haga en todos los centros por igual y que dependa un poco de la voluntad de cada uno. Nosotros lo pedimos porque este curso tiene que ser el de la recuperación, el de intentar volver a la normalidad. Se trata de recuperar a ese alumnado que, por la razón que sea, ha visto perjudicado su proceso educativo.
—Las familias apuestan por la presencialidad, pero esto significa que suban las ratios en las aulas, que es algo que no quieren los docentes. Han estado trabajando estos meses con menos alumnos, han visto que funciona mejor y ahora lamentan volver a lo anterior.
—Ya pero es que lo anterior es lo que debe de ser. El año pasado fue una situación excepcional. La distancia de seguridad impuesta no permitía que hubiese los grupos que había. Ahora las ratios serán las mismas que han sido siempre. Es verdad que no son buenas si no contamos con profesores de refuerzo. Nosotros hemos pedido por activa y por pasiva que esto se haga. De todos modos, las ratios están dentro de lo legalmente autorizado. Es verdad que no es bueno con un solo profesor en el aula y nosotros, como familias, siempre hemos apoyado las medidas de o bajar las ratios o poner más de un profesor por aula. Vamos a ver qué pasa este curso y, si hay clases con mucho alumnado, lo que se debe pedir son refuerzos, más profesorado para que dentro del aula se pueda trabajar de otra manera. Pero también hemos de tener en cuenta que no todos los centros pueden.
—¿La sociedad es consciente de cómo ha afectado la pandemia a los niños y a los adolescentes en lo que al ámbito escolar se refiere?
—Creo que, en su conjunto, no. Las familias que tienen hijos sí que son conscientes. Somos los primeros que detectamos cuando nuestros hijos no están bien, cuando están desanimados o tristes, que no aceptan la situación, que no la entienden... El año pasado hicimos encuestas entre las familias y veíamos lo que afectaba al alumnado: depresión, tristeza, falta de ganas. Hemos vivido una situación muy complicada que ha afectado en todo y a todos los niveles sociales. Y todo tiende a normalizarse cuando no lo es. Tenemos que entender que hay unas consecuencias y que hay que buscar forma de darles solución.
—¿Y la Administración balear es consciente de este problema? En otros puntos de España, se han reforzado los servicios de salud mental precisamente por esto.
—Nosotros estamos dentro de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) y vemos que el problema es generalizado. Creo que no hay suficientes medios en servicios sociales o en atención a la juventud. Puede que en algunos puntos de España sí tengan unos buenos servicios, pero, en general, no es así. Es algo que, por ahora, no está cubierto. Todos sabemos que la adolescencia y la preadolescencia son etapas complicadas y la pandemia lo que ha hecho es agravar estas complicaciones en algunos casos. ¿Somos más o menos conscientes aquí? Creo que en general somos igual de conscientes y eso quiere decir que no somos bastante conscientes (risas). La verdad es que aquí la percepción que tenemos nosotros es que los Servicios Sociales están colapsados. No son suficientes para dar respuesta a estos problemas. Y lo mismo está pasando con los servicios de Orientación de los centros. No ha sido suficiente.
—De poco sirve detectar en el aula o en la familia el problema si, después, no hay una salida.
—Es que tanto las familias como los centros hemos de detectarlo. Pero ahí tiene la unidad de salud mental infantojuvenil del Ibsalud, con un solo psiquiatra. El sistema sanitario ibicenco es totalmente deficitario a la hora de tratar a niños que tengan problemas psiquiátricos o psicológicos. No tenemos personal suficiente.
—Al margen de la pandemia, en las aulas cada vez se detectan más estos problemas. Es el profesor el que ve que hay un alumno con un comportamiento disruptivo o con relaciones conflictivas con los compañeros, por ejemplo.
—El Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica trabaja ya desde las escoletas. Nosotros queremos poner de relieve lo importante que es esa detección temprana porque hay muchos problemas que, si se detectan pronto, se pueden solucionar. Sin embargo, si no se detecta y se deja que vaya evolucionando, se puede convertir en algo grave. Por eso estos equipos son tan importantes. Pero en esto, poco a poco, se han ido aumentando los recursos. Aunque, tenemos tanto alumnado y tantos problemas que no es nunca suficiente. Por otro lado, es verdad que cada vez se detectan más estos problemas y, a la vez, ha habido un incremento de estas situaciones. Es algo que se está estudiando para conocer cuál puede ser la causa.
—Sigamos pensando que el COVID-19 ya es historia. ¿Cuáles son las reivindicaciones más importantes de las asociaciones de padres y madres de alumnos hoy en Ibiza y Formentera?
—La principal es la reivindicación de nuevos centros educativos para los descolapsar los que ya existen. Hay ratios muy altas y eso es debido a que no tenemos espacios suficientes para acoger debidamente al alumnado. Necesitamos estos centros desde hace tiempo. Hablamos de Santa Eulalia, del nuevo instituto de Ibiza, de nuevos centros en Sant Antoni y Sant Jordi. También de mejoras en centros que llevan años esperando. Queremos también avances en la universalización de la etapa 03, que es especialmente importante por la conciliación y porque hablamos de niños que, en muchos casos, no cuentan en sus casas con un soporte educativo. Hay familias para las que la escoleta es un recurso fundamental. Pero hay una insuficiencia de plazas que hace que sean los niños con más necesidades educativas y problemas sociales los que menos pueden acceder. Además, esto es una estrategia clave para reducir desigualdades sociales y educativas.
—¿Y en cuanto al abandono escolar?
—Queremos que se rediseñe la ESO. Todos conocemos el problema que tenemos de abandono escolar prematuro. Nosotros queremos potenciar los itinerarios formativos como la FP. Se trata de abrir el abanico, de que haya más posibilidades. Un rediseño de la ESO con una metodología más basada en las competencias y no tanto en el academicismo... hay que sustituir el academicismo por una educación más integral. Cuando hablamos de fracaso escolar, hablamos de fracaso del sistema. Y actuar contra esto y contra el absentismo es política de igualdad de primer nivel. Sobre todo, en jóvenes y niños de entornos desfavorecidos. En las primeras etapas, vemos que los niños van encantados a clase porque se han hecho cambios en el sistema. Pero, cuando llegan a la ESO, se encuentran con un sistema de mediados del siglo XX y la cosa cambia.
—En general, los políticos suelen hablar de la educación como un pilar de la sociedad. ¿Se convierte esto en hechos?
—Yo siempre digo que las asociaciones existimos porque la Administración no está haciendo bien su trabajo. En este país, la educación se ha usado como arma política durante mucho tiempo. Se instrumentaliza de una forma partidista. Lo estamos viendo cuando ni siquiera son capaces de consensuar una ley. ¿Por qué todo esto? Porque introducen ideologías a través de la educación. Y la realidad es que la educación no es cuestión de ideologías. Debe haber un componente científico dentro de la educación pero, nos guste o no, se ha instrumentalizado. En sanidad, por el contrario, esto no sucede. Es verdad que la sanidad está infradotada, pero nadie cuestiona lo que dicen los médicos. Sin embargo, cuando hablan los profesionales de la educación o las familias, se nos cuestiona. Le pongo un ejemplo: hace años que luchamos para que se imparta educación emocional porque es una forma de prevenir, desde muy temprana edad, la violencia, la agresividad. Hay una mala educación emocional. No se sabe gestionar la rabia ni aceptar la diferencia. Llevamos años, insisto, exigiéndolo. Y encontramos a políticos que dicen que esto es cosa de las familias. Exigimos también educación sexual y, entonces, encontramos a familias que la rechazan a pesar de que es algo imprescindible para evitar que aprendan sexualidad a través de los canales pornográficos. La pornografía está a disposición de nuestros hijos cada vez a edades más tempranas y en todo tipo de dispositivos. Todas estas cosas que los profesionales saben y exigen, luego te llegan los políticos y te dicen que no.
—Lo más parecido a esto que ustedes piden fue la asignatura de Educación para la Ciudadanía que implantó el PSOE con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
—Sí. Luego llegó el siguiente gobierno y la quitó. Y esto no es tolerable. Hemos de dejar de usar la educación como arma ideológica.
—¿Por qué defiende usted con tanto ahínco la educación inclusiva?
—Cuando hablamos de inclusividad, hablamos de todo. Hablamos de una educación que no excluya a nadie. Evidentemente, hablamos de los alumnos con necesidades educativas especiales. Pero todos deben tener las mismas posibilidades. Por esto pedimos un plan ambicioso a largo plazo.
—Pero la educación inclusiva no sirve de nada si el profesorado no está por la labor. Incluso, puede ser hasta perjudicial para el alumno.
—Este es uno de los aspectos más importantes. Por eso, cuando yo le hablo de un plan ambicioso a largo plazo, me refiero a cuestiones como un cambio importante en la formación del profesorado. No vamos a cambiar de ahora a final de curso. Pero hemos de tenerlo como objetivo y en mente.
—Sí, pero cuando uno tiene un hijo con estas necesidades, el sistema se convierte en un infierno y los centros de educación especial pasan a ser un oasis en el que encuentras, como familia, comprensión, y, como alumno, a tus iguales. En un centro ordinario, esto es difícil de conseguir.
—Por eso tenemos que cambiar el sistema educativo. No queremos que exista una educación especial. Queremos que los recursos que se destinan a esa educación especial sean para que los alumnos puedan estar en las aulas ordinarias. Esto está contemplado por la nueva Ley de Educación y está también incluido en la legislación que se está tramitando ahora en Baleares. Cuando esto se apruebe, no será una opción, será preceptivo.
—Pero tendrán que revisar todo el sistema puesto que, ahora mismo, esta inclusión depende de muchas buenas voluntades. ¿Qué le diría a las familias que muestran recelo ante estos cambios para que se tranquilicen?
—Yo no creo que se tengan que tranquilizar. Creo que tienen que exigir sus derechos. Es una cuestión de trabajar y de exigir tus derechos y los de tus hijos. Tranquilizar no es la palabra. Lo que hay que hacer es acelerar el proceso de cambio. Y para eso hacen falta formación, un cambio del modelo educativo y recursos. Y, si la ley así lo establece, las administraciones tendrán que dotar a los centros para que puedan convertir esto en realidad.
—Acaba de ser elegida presidenta del Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB). ¿Cuál es el papel que tiene esta entidad?
—Es, ni más ni menos, que el lugar en el que están representados todos los sectores que intervienen en la comunidad educativa, desde los alumnos, hasta los ayuntamientos. Es un órgano de deliberación y por el que han de pasar todas las normativas y la legislación educativa antes de ser aprobadas. Nosotros hemos de informar sobre cada una de estas normas. Hacemos informes consultivos. Los miembros de este consejo son las personas que conocen de primera mano todo lo que tiene que ver con la educación. Así que nuestros informes deben ser tenidos en cuenta. Yo no puedo decir que los nuestros sean tenidos en cuenta al 100% pero sí que es cierto que la comunicación entre el CEIB y la Conselleria de Educación ha sido muy positiva. Y eso hay que valorarlo porque no siempre ha sido así. Hemos evolucionado y se ha cambiado la normativa para que la presidencia sea elegida por los miembros del CEIB y no por Educación. Esto ha sido posible gracias a que este Govern lo ha aceptado. Creo, sinceramente, que es el consejo escolar más democrático de todo el territorio nacional.
—¿Y qué objetivos se plantea como presidenta?
—El primero es continuar con el trabajo que se hizo en la anterior etapa de rehacer el CEIB. Aparte de hacer los informes preceptivos y que son los que nos ocupan la mayor parte del tiempo, queremos también diseñar el nuevo proyecto educativo de las Islas Baleares. Queremos hacerlo buscando la participación y el compromiso de toda la sociedad. Tiene que ser un modelo que represente lo que todos queremos. Es lo que hablábamos antes. Necesitamos la implicación de toda la sociedad en la educación. Ahora mismo, estamos en una sociedad líquida, en la que no hay unos conceptos fijos. Ha de haber una complicidad entre todos para que ese alumno que sale a la calle encuentre los mismos valores que tiene en la familia y en el aula. Tenemos que dar ejemplo pero la verdad es que estamos lejos de lo óptimo. Por otro lado, también queremos fomentar la participación del alumnado. Se trata de que el alumno se implique, pero también de que le dejemos hacerlo.