El departamento de Lucha contra el intrusismo del Consell Insular de Ibiza ha presentado este jueves las conclusiones del Plan Piloto de apoyo a los Ayuntamientos en la lucha contra las fiestas ilegales, por las que la institución insular contrató durante el mes de agosto un equipo de rastreadores que ha detectado y actuado en un total de siete fiestas y en la que han identificado a un total de 29 personas como responsables de las mismas. En todos los casos se dio aviso urgente a la Policía Local correspondiente, pero la falta de efectivos y la legislación anticuada han provocado que la policía sólo pudiera disolver una.
En total se han detectado cuatro fiestas en Sant Josep, dos en Sant Antoni y una en Santa Eulària. Ninguna de ellas a una vivienda con licencia de comercialización turística. En estas fiestas se han recogido los datos de 29 personas, 17 relacionadas con la recaudación y 12 con la logística, que han sido denunciadas a los ayuntamientos correspondientes, al Govern balear por el incumplimiento de la normativa Covid-19 y, en el caso de las personas encargadas de la recaudación, también a la Agencia Tributaria.
De la actuación de los detectives, el conseller de Lucha contra el intrusismo, Mariano Juan, ha explicado que se extraen tres conclusiones: la falta de efectivos policiales, la necesidad de cambiar las actuales leyes y que ninguna actividad ha sido realizado en una vivienda turística. Al primer respecto, Juan ha insistido "a todas las fuerzas políticas del Parlamento de las Islas Baleares, que apoyen aquellas iniciativas que sirvan para aumentar las plantillas de policías locales y de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en Ibiza". Respecto del cambio normativo, el conseller ha explicado que "un ayuntamiento ha pedido más tiempo, pero confiamos en poder elevar, la próxima semana, el Govern balear la propuesta de cambio normativo que fue presentada hace un mes a ayuntamientos, policías locales, mesa de diálogo social y grupos políticos, y que prevé más sanciones para los infractores y la posibilidad de que la policía local pueda entrar en un lugar donde se está haciendo una fiesta ilegal y que, es obvio, no es un domicilio".
Finalmente, respecto de que ninguna vivienda fuera turística, el conseller ha recordado que "las fiestas ilegales en cuanto a incumplimiento de la normativa autonómica Covid-19 y de la Ley de Actividades no son en ningún caso una infracción competencial del Consell de Ibiza, pero lejos de dar la espalda a los ayuntamientos hemos decidido actuar y ayudar. Ahora el Govern balear y los consistorios deberán instruir estas denuncias y hacer las investigaciones adecuadas".
Por su parte la directora insular Naihara Cardona ha explicado que el anuncio de la puesta en marcha de esta prueba piloto tuvo efectos disuasorios, "tal como ya explicaron las policías locales en una reunión previa a la entrada en marcha de este servicio ", y como han constatado los propios rastreadores que, en su informe, manifiestan que "algunos promotores de fiestas creen que la policía los está vigilando y, incluso, aseguran haber visto en prensa que infiltrarán detectives privados extranjeros".
Por otra parte, Cardona ha puesto un ejemplo de una persona que se dedica a la promoción mediante grupos de WhatsApp de fiestas ilegales, que trabaja bajo el seudónimo de Anita Dinamita, y que ha realizado venta de entradas a los rastreadores contratados por el Consell de Ibiza, con el agravamiento de haber referido ser trabajadora del Servicio de Salud de las Islas Baleares. Por este motivo "pondremos en conocimiento del Govern balear este caso concreto, para en su caso realizar alguna investigación interna".
Por todo ello, el conseller Mariano Juan ha calificado la prueba piloto de "muy satisfactoria" y ha adelantado que "todos los ayuntamientos, por unanimidad, han pedido su continuidad el próximo año". Por eso el conseller ha avanzado que esta presencia de rastreadores será más duradera en el tiempo y más intensa a partir del próximo año, para seguir ayudando a los ayuntamientos en esta lucha.