El Ayuntamiento de Sant Josep ha aprobado este jueves de manera inicial, el pleno ordinario correspondiente al mes de septiembre, la ordenanza municipal sobre tenencia, convivencia y protección de los animales en el entorno humano, la primera que regula el bienestar de las mascotas y su tenencia responsable, con las obligaciones que implicará para la ciudadanía. También se fija el papel que podrán tener las entidades protectoras en cuanto a la colaboración que se puede establecer con el Ayuntamiento en sus tareas de control y gestión de animales abandonados y asilvestrados. Asimismo, la ordenanza fija un régimen sancionador para los incumplimientos de las obligaciones que implica la tenencia de un animal doméstico.
Este documento es el resultado de meses de trabajo en los que se ha dado participación a colectivos como las entidades ecologistas, asociaciones de protección de los animales, organismos vinculados a la protección del medio, colectivos profesionales como los veterinarios y asociaciones como los cazadores del municipio. «El resultado, que ahora se expondrá públicamente para recibir posibles alegaciones, es una ordenanza fruto de la voluntad de llegar a consensos entre entidades con objetivos diferentes», explicó la concejala de Bienestar Animal, Guadalupe Naudin.
La normativa establece la distinción entre los animales domésticos de compañía y demás situaciones para regular la obligación de garantizar las necesidades básicas de la mascota y prevenir los riesgos que ésta pueda representar por otras personas o el resto de animales. También establece prohibiciones como la de alimentar a los animales asilvestrados sin una autorización expresa del Ayuntamiento, así como la comercialización, la captura y cualquier otra intervención con estos especímenes siempre que no esté concertada con la administración.
También se fija la creación de un registro municipal de animales de compañía (RAMC) y la obligación de identificarlos mediante la implantación de un microchip y la correspondiente documentación veterinaria.
El Ayuntamiento creará una mesa de bienestar animal en la que estarán representados todos los colectivos y entidades vinculados o interesados en este ámbito, además de Policía Local, el Seprona de la Guardia Civil, representantes de los grupos políticos y personal técnico municipal, además de un representante de la empresa que preste en cada momento el servicio de gestión y custodia de animales vagabundos, perdidos o abandonados.
En cuanto al régimen sancionador, se propone considerar como falta leve (con multa de 60 hasta 600 euros) el no disponer de cartilla sanitaria por el animal o que éste no esté chipeado; la donación o venta de animales a menores de 16 años o personas incapacitadas sin autorización de la persona que sea responsable; no disponer del necesario para recoger sus deposiciones y limpiar los orines, etc.
Serán faltas graves, entre otros, el no proporcionar un espacio adecuado a las necesidades de la mascota o no alimentarla debidamente; no recoger sus deposiciones en la vía pública o no diluir los orines; llevar sueltos o sin bozal un animal peligroso; no identificar el animal a requerimiento de la autoridad o el uso de animales como premio, reclamo publicitario, recompensa o regalo. Estas infracciones se sancionarán con entre 600 y 6.000 euros. Sacrificar animales con sufrimiento y sin necesidad o causa justificada, su maltrato o abandono; adiestrar un animal para potenciar su agresividad, incitarle al ataque o la venta de perros potencialmente peligrosos sin control, entre otros, serán consideradas infracciones muy graves con sanciones desde 6.000 hasta 60.000 euros.
Junto con la ordenanza, se ha aprobado de manera provisional la nueva ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida y custodia de animales abandonados o vagabundos en el municipio, con el fin de incidir en la gestión responsable de las mascotas. De todos modos, que exentos del pago las personas que acrediten no disponer de ingresos y también tendrán bonificaciones las protectoras de animales.
La sesión de hoy también ha aprobado una modificación de crédito de 265.435 euros para revisar la retribución del servicio de recogida de residuos, limpieza viaria, limpieza del litoral y gestión de posidonia (166.975,32 €), la modificación de contrato para las obras de consolidación de la torre de Can Curt (59.388,79 €), la dotación de infraestructura tecnológica de comunicaciones en el Auditorio Caló de s'Oli (16.088,88 €) e inversiones en materia de deportes (22.982, 64 €), en concreto, el cierre del polideportivo de Es Cubells y la adquisición de moqueta gimnasia.
También han sido aprobadas la moción de Ara Eivissa que pide la rotulación de los pueblos del municipio y la de Vox que pide la instalación de parques biosaludables. Un cambio de opinión de la concejala de este partido ha impedido aprobar dos declaraciones institucionales: una contra la explotación sexual y la otra en rechazo de la violencia contra las mujeres en Afganistán. Ambas se han aprobado por mayoría como mociones de urgencia con la crítica del alcalde, Ángel Luis Guerrero, a la «falta de respeto por este plenario» que ha mostrado la formación ultra-derechista a las que se han añadido el resto de representantes.
Denuncia del PP sobre la ordenanza de bienestar animal
El PP de Sant Josep ha denunciado este jueves numerosos errores en la ordenanza de bienestar animal aprobada en pleno “que no llega ni siquiera a un borrador”. El portavoz Javier Marí ha explicado que “es una vergüenza que esto se pueda aprobar y se publique”. Marí ha explicado que no específica en qué marco legislativo se basa, y que tiene errores graves. “No tiene bien puesto ni el nombre del municipio”, ha destacado Marí. También tiene varias contradicciones, que generarán una enorme inseguridad jurídica, sobre todo en las explotaciones ganaderas.
Marí ha lamentado que esta ordenanza incumpla numerosas normas superiores y que, por tanto, no se sustenta legalmente. “Dicen ustedes que se puede tirar el cuerpo muerto de un animal de menos de 50 kilos al cubo de la basura, cuando eso está prohibido por la Ley de residuos”, explica Marí como muestra de uno de los muchísimos errores que tiene el texto aprobado.
Por todo ello Marí ha insistido en la necesidad de retirar el texto y corregirlo, algo que la izquierda no ha aceptado aprobando un documento que traerá “más problemas que soluciones”.