A diez días de cumplirse ocho años del robo en el Grupo Empresas Matutes, el caso ya tiene sentencia y prácticamente se ciñe a la petición de penas por parte del Ministerio Fiscal. Así, la titular del juzgado de lo Penal número 2 de Ibiza, Martina Rodríguez, impone una pena de un año y nueve meses de prisión a Rafael Rodríguez, condenado como autor de un delito de robo con fuerza en las cosas.
Según consta en la sentencia a la que ha tenido acceso Periódico de Ibiza y Formentera, la magistrada atiende las circunstancias atenuantes de reparación del daño -parcial- y confesión, así como la agravante de abuso de confianza. En concepto de responsabilidad civil, el condenado Rafael R. deberá indemnizar con 995.000 euros a Fiesta Hotels & Resorts.
Para el segundo implicado, José Joaquín Fernández, la juez impone una pena de 21 meses de prisión por un delito de receptación, absolviéndole de la acusación de encubrimiento. Finalmente, la juez absuelve a la tercera investigada, L.H.T.
La sentencia impone el pago de una tercera parte de las costas a cada uno de los tres procesados.
Hechos probados
En el apartado de hechos probados la magistrada juez detalla que el principal acusado, Rafael R., a mediados de octubre de 2013 planeó asaltar la caja fuerte de la empresa y ejecutó la operación el 26 de octubre, sábado del último fin de temporada. R.R., agente de la Policía Nacional que había sido escolta de Abel Matutes, aprovechó la confianza y el trabajo de su mujer en las oficinas del grupo para acceder, anular las alarmas y abrir con el método del oxicorte la caja fuerte. Según consta en la sentencia el acusado se llevó un botín de 2.767.000 euros.
Esa misma noche, R.R., escondió el dinero en distintos puntos de una propiedad ubicada en Sant Llorenç. En uno de los puntos dispuso 194.995 euros que posteriormente «entregó voluntariamente» a la Policía Nacional. Igualmente, el 6 de noviembre entregó otros 782.000 euros que tenía escondidos en el maletero de un Ford Fiesta.
Asimismo, el auto narra que el mismo día del golpe, R.R. contactó con el otro agente del Cuerpo Nacional de Policía encausado, J.J. Fernández, «pidiéndole ayuda para esconder más dinero, a cambio de una cantidad que no ha sido determinada». La sentencia añade que Fernández -también escolta del ex ministro de Asuntos Exteriores-, «conocedor de la procedencia del dinero e igualmente con el propósito de obtener beneficio económico, aceptó». La magistrada remarca que «no ha quedado acreditada la cantidad que le entregó, pero sí que lo empaquetó y escondió en dos cajas de plástico grandes de las que suelen usarse para guardar ropa, enterrándolas en un terreno próximo a su vivienda».
La sentencia añade que las dos cajas fueron entregadas por el acusado el día 2 de noviembre. Según el auto, faltan por recuperar 995.000 euros. El fallo no es firme y contra el mismo cabe interponer recurso de apelación en el plazo de diez días.
Cinco jornadas de juicio
El juicio por el robo de 2,7 millones de euros al Grupo Empresas Matutes se celebró entre el 14 y el 19 de junio, cinco jornadas maratonianas en las que la sala escuchó los testimonios de los tres encausados, el de más de una decena de agentes y responsables de la comisaría de Ibiza de la Policía Nacional, así como el de Abel Matutes Juan, presidente del Grupo Empresas Matutes.
La sentencia avala la prueba dactilar y la cadena de custodia
Durante el juicio, el letrado Fernando Pamo de la Hoz, abogado de José Joaquín, puso el foco de sus intervenciones en la validez de la prueba de la huella dactilar y en la cadena de custodia. En la sentencia, la juez Martina Rodríguez remarca que la prueba de convicción estaba disponible desde hace cinco años.
De la Hoz protestó durante el juicio porque la huella de J.J. estaba en blanco y negro y durante la vista se vio en color. «Pocas veces se ha practicado una exposición y explicación tan didáctica como la vista y oída hoy en el juicio; y lo más extraño es que cuando se ha visualizado a todo color, entonces se ha opuesto la defensa», subraya.
Respecto a la cadena de custodia del dinero y de las pruebas, hace hincapié en que «no puede hablarse de ausencia de controles, ni de ruptura de la cadena de custodia». En este sentido, apunta que Asuntos Internos sometió a «preguntas y repreguntas a todos los agentes y se corroboró que nadie entró en el despacho donde se guardó» el dinero devuelto.