La consellera balear de Salud y Consumo, Patricia Gómez, defendió ayer en Ibiza que no saber catalán no será un impedimento para profesionales de la sanidad que quieran trabajar en las islas. Así se refirió a la decisión del Tribunal Supremo de no admitir el recurso del Govern contra la sentencia del TSJIB que anuló el decreto sobre el catalán en la sanidad.
Como consecuencia, Gómez avanzó que deberán aplicarse leyes como la de Función Pública o de Normalización Lingüística que exigen determinados niveles de la lengua catalana en puestos de la sanidad balear. Aún así, si hay categorías con escasez de trabajadores, el requisito del catalán «se puede aplazar», aclaró Gómez, quien pidió al respecto «tranquilidad absoluta». En realidad, el requisito queda eximido solo en casos de urgencia.
Al mismo tiempo, consideró que siempre deben respetarse los derechos de los ciudadanos y facilitar la formación a profesionales para aprender el idioma y que los usuarios puedan dirigirse a la Administración tanto en catalán como en castellano. La consellera intentó relajar los ánimos explicando que se respetarán las bases en los procesos ya iniciados y señaló que, a excepción de los médicos de familia, no existe una bolsa específica de trabajo para cubrir plazas.
Añadió que los investigadores desplazados a Baleares para realizar determinados proyectos tendrán un plazo de dos años para lograr la titulación de catalán necesaria. «La ley se aplica desde marzo del año pasado», insistió Gómez.
Desde la Dirección General de Política Lingüística del Govern informaron ayer que los niveles de catalán exigidos al personal del Servicio de Salud serán diversos. En principio, a médicos, enfermeras o técnicos de laboratorio se les pedirá el B2 de catalán y profesionales que ocupen puestos de mayor importancia deberán certificar niveles superiores en el conocimiento de la lengua. También el personal administrativo deberá poseer el B2.
La oposición pide que no pongan trabas para cubrir las plazas
La coordinadora de Ciudadanos Baleares y portavoz del grupo parlamentario, Patricia Guasp, exigió ayer al Govern que modifique la Ley de Función Pública para que el catalán sea un mérito y no un requisito, y así «acabar con las barreras lingüísticas» a los profesionales sanitarios.
También, el PP balear reclamó a la presidenta Francina Armengol que «no siga poniendo obstáculos para cubrir plazas en Sanidad».