La compra de las acciones al precio que determine un auditor nombrado por el Registro Mercantil no es el único desencuentro entre Abel Matutes y Joan Lladó y José María Echániz.
Y es que Abel Matutes ganó una reclamación que obligó a Etxániz a pagarle 3,7 millones por el perjuicio causado a la empresa al firmarse a sí mismo, a través de otra sociedad (Cafecer, SL), un contrato de arrendamiento de la discoteca por 150.000 euros al año durante 10 años, con lo que se aseguraba en exclusiva los beneficios de la explotación de la discoteca y dejaba a la sociedad que comparte con Matutes (Balantxa, SA) unos ingresos ridículos, en comparación con el mercado, según la sentencia.
En Empresas Matutes están convencidos de que el recurso fue una maniobra dilatoria de su aún socio.