El Ayuntamiento de Sant Josep se encuentra únicamente a la espera de recibir la autorización judicial para hacer efectivo el desalojo de las viviendas que todavía no han sido desalojadas por sus propietarios en los Apartamentos Don Pepe. Una autorización que solicitó tras agotarse los plazos a partir de la notificación del desahucio y constatar que los vecinos seguían en el inmueble.
A finales de la semana pasada el Consistorio conoció el auto de la sala de lo Contencioso Administrativo número uno del Tribunal Superior de Justicia de Baleares por el que se dictaminaba que la institución ya no tenía que facilitar el realojo de las familias desahuciadas porque ya no se dan las circunstancias excepcionales que había durante la pandemia y que han tenido el tiempo suficiente para encontrar una solución al problema generado por el desalojo.
El auto judicial hace referencia a la escalera 1 y 2 del bloque A de los Apartamentos Don Pepe y considera que los vecinos han sido correctamente atendidos: «el Ayuntamiento indica que tras el desalojo no se dejó a nadie en la calle, lo que causó cuantiosos gastos al Consistorio al realojar a estas familias en apartamentos turísticos», indica el fallo judicial. «Esta manifestación está debidamente justificada documentalmente», concluye el auto.
Desde el Consistorio de Sant Josep insistieron en que el propio auto judicial reiteraba que «el Ayuntamiento ha hecho mucho más de lo que está obligado para ayudar a los afectados y seguiremos estando al lado de estas familias, que ya han recibido más de medio millón de euros de todos los vecinos de Sant Josep para ayudarles a superar este trance», aseguraron fuentes municipales.
Asimismo, insistieron en que «aún quedan una veintena larga de familias que corren peligro cada día que siguen en el edificio, y desde el Ayuntamiento se les acompañará en este momento complicado como se ha hecho con el resto para dejar atrás este mal trago cuanto antes».
Desde el Ayuntamiento volvieron a hacer hincapié en que intervine «con la única motivación de garantizar la seguridad de las personas y hasta el día de hoy nadie se ha atrevido a firmar que el edificio A de los Don Pepe es seguro para las familias que lo habitan».
Un punto éste que desmintieron rotundamente los vecinos, que recordaron que en los numerosos informes presentados tanto al Ayuntamiento como ante los tribunales se pone en evidencia que «no hay riesgo de colapso» en el edificio. Y todo ello firmado por el equipo de expertos contratados por los afectados.
Asimismo, señalaron que, una vez que analizaran el auto judicial con su equipo jurídico, harían valoraciones al respecto. «Por parte de la comunidad de vecinos preferimos estudiar bien lo último recibido antes de hacer declaraciones precipitadas que puedan confundir a la opinión pública», subrayaron.
Insistieron a su vez en que desde el Ayuntamiento no ayudaron a todos los vecinos que lo necesitaron. De hecho, una de las personas que tuvo que abandonar su vivienda y se empadronó en Vila y «ante la desesperada situación económica fue a los servicios sociales de San Josep y le dijeron que no le iban a ayudar porque ahora pertenecía a otro municipio».
Los otros problemas que acarrea el desahucio de los Don Pepe
Además del drama de perder una vivienda, la problemática causada por el desahucio de los Don Pepe va mucho más allá.
Entre otras cosas, un vecino marroquí que ya tiene la nacionalidad española «no le han dejado cambiar en el padrón el NIE por DNI» al estar el edificio declarado ruina en el catastro.
Otro vecino, también marroquí, lleva un año tramitando la reagrupación familiar para traer a su esposa a España. «Está a punto de salir la carta de invitación pero ha de acompañarla con el justificante del padrón, que ya tenía, pero necesita uno reciente y no se lo dan. Su mujer no podrá venir y habrá perdido 1 año de tramitación», recalcaron los vecinos.