El Ayuntamiento de Sant Josep desmintió este viernes que solicitase judicialmente la entrada forzosa a las viviendas todavía ocupadas de los apartamentos Don Pepe tras conocer un auto judicial que confirmaba que el Consistorio no tendría que seguir pagando el alojamiento a los vecinos desahuciados.
Según documentación remitida desde la administración a Periódico de Ibiza y Formentera, el pasado 19 de octubre se firmó un Decreto de Alcaldía por el que acordaba solicitar «ante el órgano judicial correspondiente, la entrada a domicilio de todas las viviendas ubicadas en las escaleras 3, 4 y 5, del bloque A, del edificio denominado Cantos Rodados o Don Pepe» para «proceder al desalojo forzoso de las mismas».
Un decreto que se firmó después de la recepción de un informe policial que recogía las actuaciones realizadas hasta el 29 de septiembre de 2021 para conocer si los vecinos estaban o no dispuestos a abandonar voluntariamente sus domicilios, requisito previo para poder solicitar la entrada forzosa.
Según la documentación aportada, el Ayuntamiento registró en los tribunales la petición de desalojo forzoso de los vecinos de los Apartamentos Don Pepe el 25 de octubre, mientras que «recogió» el auto que confirmaba que no debería seguir pagando el alojamiento a los vecinos «de las escaleras 1 y 2 mientras se realizan las obras necesarias para asegurar la estabilidad del edificio» el 3 de noviembre, nueve días después de que se presentara la solicitud de desalojo forzoso a los afectados por el desahucio. Por un error de cálculo este periódico dijo que el proceso había sido a la inversa, por lo que pide disculpas.
Reconocieron a su vez desde Sant Josep sobre el citado auto que «aun a fecha de hoy no se ha recibido de manera oficial en el Ayuntamiento ni incorporado al expediente correspondiente».
Con estos documentos desde el Consistorio quisieron dejar claro que en ningún momento demoraron su actuación «para esperar a una resolución que haga menos gravosa para las arcas públicas el desalojo» y aseguraron que lo único que les movía era «asegurar que no se produce ninguna desgracia».
Insistieron, a su vez, en que ningún profesional, «ni los contratados por la comunidad de vecinos, se han atrevido a firmar ningún documento en el que certifiquen que el edificio es seguro para las personas».