El expresidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, aseguró ayer que había informes medioambientales que determinaban que el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de Punta Prima no se podía validar, y señaló que «desde la Presidencia no se estaba gestionando ni tramitando este tema», cuya responsabilidad recayó sobre el área de Territorio y Urbanismo.
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma acogió ayer la primera sesión del juicio contra el expresidente, la exvicepresidenta del Consell, Sonia Cardona, el exconseller de Promoción Económica y Territorio, Bartomeu Escandell, y el de Turismo, Josep Mayans, por un supuesto delito de prevaricación.
En su declaración, Ferrer defendió su inocencia e insistió en que, cuando llegaron al gobierno, el anterior Ayuntamiento había aprobado inicialmente el PERI de Punta Prima, pero todavía faltaba su aprobación definitiva.
En este sentido, aseguró que varios informes medioambientales establecían que «contravenía la Ley de Espacios Naturales». Sí se acordó, por mayoría absoluta, aprobar las Normas Subsidiarias del Plan Territorial Insular.
Asimismo, preguntado por el supuesto retraso que hubo en la tramitación del PERI de Punta Prima, el expresidente señaló que se debió a que estaban «saturados por la situación del Consell y todo lo que se correspondía a su organización», por ser un grupo político nuevo.
En la misma línea, le siguió el exconseller de Territorio, Bartomeu Escandell, quien insistió en que «no se dio la aprobación definitiva del PERI porque era una zona muy sensible y los diferentes informes que llegaban desaconsejaban seguir tramitándolo por no ajustarse a la ley, sobre todo medioambiental».
Con todo, subrayó que tanto Mayans como Cardona no tenían ninguna competencia sobre dicha tramitación y que simplemente se limitaron a votar a favor de la aprobación de las Normas Subsidiarias, un hecho que ambos acusados ratificaron durante su intervención.
El caso Punta Prima, se remonta al año 2010, cuando se acordó por mayoría absoluta aprobar la revisión de las Normas Subsidiarias del Plan Urbanístico de Formentera.
Esto determinó que algunos terrenos fueran declarados como Espacios Libres Públicos de cesión gratuita al Consell.
Un empresario alemán, responsable de un complejo turístico que estaba ubicado en dicha zona y que tenía pendiente la construcción de la segunda fase de su proyecto, presentó entonces la querella al haberse visto perjudicado su terreno por esta aprobación.