Los vecinos de los Don Pepe por fin pudieron tener ayer un cara a cara con el alcalde del municipio de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero, y los concejales del equipo de gobierno, a los que culpan de la situación que les está tocando vivir, tras conocer el auto judicial que les obliga a abandonar sus hogares antes del 17 de diciembre.
Fue en el pleno del Ayuntamiento y, como era de esperar, se escucharon muchos reproches, mucha petición de explicaciones, algunos gritos y algunos insultos.
Durante casi dos horas, Guerrero tuvo que oír las críticas de los afectados y, una vez más, trató de explicar todo lo que había venido sucediendo hasta llegar a la situación en que se encuentra en la actualidad esta problemática.
Entre otras cosas, uno de los vecinos que tomó la palabra aseguró no llegar a entender por qué motivo, si el Ayuntamiento recibió el 6 de octubre el informe elaborado por sus técnicos en el que se asegura que no hay ningún riesgo de colapso, se había solicitado pocos días después el desalojo forzoso del edificio «si los técnicos municipales aún estaban estudiando la documentación que determina que no hay ningún riesgo de derrumbe del edificio».
Críticas a PSOE y Podemos
Otra de las vecinas, que en la jornada anterior había sufrido dos crisis nerviosas durante el acto de entrega de las más de 6.500 firmas de apoyo recabadas por los afectados, agradeció el apoyo recibido en el último año de Partido Popular y Ciudadanos y acusó a PSOE y Podemos de «no tener ningún tipo de humanidad», especialmente a la concejal podemita Guadalupe Nauda, a la que echó en cara que en un programa de la Televisió d'Eivissa i Formentera (TEF) hubiera comparado a los propietarios de los Don Pepe con okupas. «Los propietarios no hemos pedido limosna, tenemos nuestra propiedad, nuestra vivienda digna. No esperamos ayuda de nadie y que nos digan que tenemos que celebrar las ayudas, tal y como dijo un concejal socialista, nos parece un insulto», insistió la afectada.
Aseguró a su vez que lleva meses tratando de encontrar una vivienda de alquiler y, además de los elevados precios que hay en el mercado, «me piden como mínimo 3.000 euros de fianza», algo que una economía de una familia trabajadora, y que además debe seguir pagando «la hipoteca de una propiedad que se va a ir deteriorando», no puede asumir.
«Eso no lo voy consentir», sentenció mientras recomendaba a los políticos que se dejaran «de tirar mierda por encima y sentaros a buscar soluciones».
Asimismo, instó al primer edil a «mover los hilos que haya que mover para solucionar esto», especialmente ante el Govern balear, que es quien tiene en sus manos la solución al problema.
Finalmente, avanzó que tanto ella como su familia y otros muchos vecinos seguirán en sus domicilios el próximo 17 de diciembre pese a la orden judicial.
Problemas para alquilar
Otras de las propietarias de los Don Pepe, en este caso de dos viviendas, invitó al alcalde y a los concejales a tratar de vivir «con dos hipotecas, un alquiler y el día a día con dos hijas», mientras que una señora mayor, propietaria de una vivienda de la escalera uno, reconoció que lleva más de un año buscando un piso de alquiler «pero al no tener contrato fijo no he podido encontrar nada».
Ante estas dificultades, solicitó en 2020 al Consistorio que le hiciera de avalista para poder acceder a un contrato de alquiler. «Fue la primera y única vez que le he pedido ayuda al Ayuntamiento», reconoció, «y me la denegaron».
Muchos de los propietarios asistentes al pleno municipal recordaron a los políticos allí presentes que «os votamos para que ayudéis al ciudadano, no para echarnos a la calle», e insistieron en que no necesitaban ningún alquiler «porque yo tengo mi escritura y tengo mi casa».
Okupa en el bar
Criticaron a su vez el poco control que ejerce el Consistorio con las escaleras ya desalojadas desde el mes de junio del año pasado y que se encuentran apuntaladas y denunciaron que, debido a esa nula vigilancia sobre las viviendas que obligaron a abandonar a los vecinos, «ya hay un okupa viviendo dentro de lo que era el bar» al que seguramente tardarán más en echar que a los legítimos propietarios pese a la inseguridad que dicen que conlleva la edificación.
Los representantes de los apartamentos Don Pepe dudaron además, en más de una ocasión, de las intenciones del Consistorio al echarles de sus hogares. Uno de ellos preguntó al alcalde si «está en disposición de garantizar que ese suelo no se va a recalificar para hacer viviendas de lujo».
Otro instó a Guerrero a explicar «qué hay detrás de los Don Pepe, porque ese edificio no está en ruina» y le recordó que la orden de desalojo de las viviendas «la ha pedido usted, no un juez».
Compararon también la situación de sus viviendas con la de la polémica casa Lola, que tras años de pleitos con el Ayuntamiento sigue con todas sus ilegalidades en pie «mientras que a nosotros nos echan de las nuestras».
El alcalde de Sant Josep poco pudo explicar a los vecinos, ya que cada vez que intentaba tomar la palabra o bien le pedían que dejara de contarles lo que ya sabían, y que les contaran las soluciones que les podía dar, o bien era increpado por unos propietarios que poco se creen ya de lo que les dice el equipo de gobierno municipal.
Nunca bien
Guerrero reconoció que «el Ayuntamiento, en Urbanismo, no lo ha hecho bien nunca», y puso como ejemplo los continuos litigios que se abren por esta cuestión o los problemas que, años después, salen a la luz. «Vosotros no sois los culpables de esta situación», les recordó, aunque en este caso sean los únicos perjudicados.
Finalmente otra de las vecinas, que acabó insultando al equipo de gobierno, lo que obligó a que una pareja de policías tuviera que acudir a vigilar el buen desarrollo de la sesión, criticó que, por no poderse empadronar en su domicilio, los servicios sociales de Sant Josep se negaban a atenderla.
Tras esta intervención, y antes de que se caldearan más los ánimos, Ángel Luis Guerrero optó por dar por finalizado el pleno municipal, aunque previamente se había comprometido a mantener una reunión pública con todos los afectados.