La titular del juzgado de lo Penal número 2 de Ibiza, Martina Rodríguez, dejó ayer visto para sentencia el juicio contra el director de una residencia de Ibiza acusado de un delito de homicidio por imprudencia menos grave por la muerte de un residente que sufrió una caída en diciembre de 2017.
El Ministerio Fiscal solicita una pena de multa de 2.700 euros (seis meses con una cuota diaria de 15 euros) y en concepto de responsabilidad civil reclama que el acusado indemnice con 34.000 euros a cada uno de los dos hijos de la víctima.
Los hechos ocurrieron la noche del 7 de diciembre de 2017 cuando la víctima, un hombre de 85 años, tras la cena, fue acompañado hasta el ascensor por un celador que pulsó el botón del primer piso, planta donde se encontraba la habitación del residente. Según el relato de los hechos, al llegar a su planta, ese día, el hombre se desorientó «como consecuencia de su deterioro cognitivo moderado y se equivocó de dirección». El hombre, que iba en silla de ruedas, llegó a una puerta de emergencia que da acceso a la zona de apartamentos y cayó por las escaleras. La caída resultó mortal.
La puerta tenía apertura mediante botón en la pared y sistema de cierre automático que garantizaba que personas como la víctima no pudiesen abrir la puerta. Ese día, una cuidadora privada de una residente desencajó los pestillos anulando el cierre automático para que su paciente pudiese pasar sin ayuda. La puerta permaneció abierta durante horas hasta el fatal accidente. La acusación sostiene que el acusado «conocía que la cuidadora venía anulando el cierre y no había puesto remedio para impedírselo». La defensa mantiene que el procesado había advertido a la cuidadora de la irregularidad.