El Govern quiere que las 160.000 personas que aún no se han vacunado en Balears se administren la dosis cuanto antes y para ello confía en el aval de los jueces a la obligación de presentar el certificado COVID para acceder a una parte de la restauración. Esta medida ya se exige en estos momentos para acceder al ocio nocturno o a las residencias de la tercera edad.
El Consell de Govern aprobó el lunes solicitar permiso al Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJIB) para que el certificado sea obligatorio a partir del sábado en discotecas, salas de fiesta y baile, en los establecimientos o locales donde se lleven a cabo celebraciones con participación de más de 50 personas y en las que haya actividades de restauración o baile y en los bares de copas o cafés concierto y pubs.
También se solicitará en establecimientos de restauración con un aforo interior de más de 50 personas, incluyendo los espacios con servicio de restauración ubicados en alojamientos turísticos, instalaciones deportivas, centros recreativos para gente mayor y locales de juegos y apuestas.
Diversos niveles
Son las medidas que corresponden al nivel uno de alerta sanitaria, en el que se encuentra ahora mismo Balears. Si la incidencia sube y alguna de las islas pasa a nivel 2, algo que puede suceder este mismo viernes, el certificado se exigirá también en refugios, hostales, albergues y otros establecimientos turísticos, independientemente de su denominación, con habitaciones de uso compartido.
El Govern también tiene pensadas medidas en el caso de que aumenten los niveles de riesgo. En el nivel 3, el certificado se exigirá también en cines, circos con carpa y otros establecimientos donde se lleven a cabo actividades culturales, si se permite el consumo de alimentos o bebidas. También en los gimnasios y otras instalaciones donde se lleven a cabo actividades propias de salas de musculación y actividades dirigidas, así como en las academias de baile.
Si el TSJIB da la razón al Govern, a partir de este sábado y hasta el 24 de enero, justo después de las fiestas de Sant Sebastià, habrá que acreditar que se tiene la doble pauta de vacunación o que ya se ha pasado la enfermedad. Si no es así, deberá presentarse una PCR negativa hecha menos de 72 horas antes o un test de antígenos 48 horas antes de acceder a uno de estos espacios.
El Govern ha conseguido el respaldo de la Mesa de Diálogo Social, que de esta manera ve alejarse la posibilidad de que haya nuevas restricciones. Esa es una de las razones que ha dado el Govern para aprobar estas exigencias. «Está demostrado que la solución es la vacunación, porque además no queremos aprobar más restricciones», dijo ayer el portavoz del Govern, Iago Negueruela, cuando explicó esta medida.
Obligación de los empresarios
En todos estos espacios, los ciudadanos deberán acreditar que disponen del certificado digital a la entrada y podrán hacerlo tanto con el documento en papel como en versión digital descargado por alguna de las vías que permite el Govern. Los responsables de estos establecimientos deberán verificar que la personas que entra tiene el documento y podrán hacerlo directamente o a través de una web en la que está trabajando el Govern que comprueba el código QR de cliente que quiere acceder al establecimiento.
«Controlar los accesos a los locales es una obligación de los empresarios», recordó el conseller. Negueruela afirmó que esta exigencia se está cumpliendo «de forma ejemplar» en el ocio nocturno y se mostró convencido de que no habrá problemas en su aplicación.
«Queremos garantizar que los locales son más seguros y así evitamos nuevas restricciones en sectores que han vivido un año complejo», añadió el conseller. El portavoz del Govern recordó que la propuesta partió de los sectores implicados para poner medidas de control de la pandemia sin recurrir a limitaciones.
«No es una cuestión de opinión o de creencias, sino de responsabilidad de los ciudadanos ante la pandemia», añadió. El portavoz del Govern incidió en que ya hay un 83 % de la población vacunada, lo que demuestra la responsabilidad de los ciudadanos en esta materia, y se mostró esperanzado en que la exigencia del certificado anime a los ciudadanos a vacunarse aún más.
En el Ejecutivo creen que estas complicaciones añadidas para las personas no vacunadas pueden hacer que muchos de los reticentes opten finalmente por administrarse la dosis. Las estimaciones del Govern apuntan a que hay 220.000 personas que no han recibido la vacuna en las Islas, aunque 40.000 de ellas se han vacunado en otras comunidades autónomas. Además hay que restar los aproximadamente 23.000 ciudadanos que han manifestado en repetidas ocasiones su oposición a recibir la vacuna, por lo que la cifra global de personas a quienes se quiere animar a que se vacunen es de 160.000.
El Ejecutivo confía en que estas exigencias provoquen un repunte en la vacunación, como sucedió en Navarra cuando se plantearon medidas similares. Las citas para vacunarse se multiplicaron allí por 10 en muy poco tiempo.
Todos los sectores económicos de Balears se mostraron el lunes de acuerdo con la necesidad de poner en marcha esta herramienta para controlar que los interiores de los establecimientos sean espacios seguros. Tanto los representantes de UGT, de CCOO, de CAEB y de PIMEM dieron su apoyo al Govern con la esperanza de que sirva para contener la expansión del virus y no haya que tomar medidas más drásticas. En representación de PIMEM, Jordi Mora calculó que la exigencia afectará a unos 2.500 restaurantes de Balears