La historia de las irregularidades de Casa Lola empezó en 2010, cuando el Ayuntamiento de Sant Josep decretó una orden de demolición sobre las obras ilegales detectadas en la finca.
En enero de 2011 el Consistorio decretó otra orden de demolición sobre una segunda tanda de construcciones ilegales que se habían ejecutado o se estaban ejecutando en el interior de la finca.
En el año 2013 Sant Josep volvió a abrir un nuevo expediente de disciplina urbanística a la propiedad de casa Lola, y llevó el caso a Fiscalía y a los juzgados.
En el año 2018, y tras varias sentencias judiciales que daban la razón al Consistorio, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares confirma las diferentes sentencias en primera instancia que avalaban las demoliciones. En 2020 el Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por la propiedad contra la sentencia que ratificaba la demolición de la sobras ilegales.