La Sala de lo Contencioso del TSJIB sigue a favor del pasaporte COVID y su ampliación a más ámbitos. Al igual que hizo la semana pasada con la exigencia del certificado para restaurantes, este mismo jueves ha aprobado la petición del Govern de extender el documento a los bares con más de 50 plazas y a que le sea exigido a todo el personal sanitario para acceder a sus puestos de trabajo.
El tribunal mantiene los mismos criterios que ya aplicó con las residencias de mayores. Así, considera que reclamar la vacunación o tres pruebas semanales al personal sanitario es adecuado: «La situación de pandemia es subsistente y estamos inmersos en la sexta ola, que ha producido un aumento de contagios».
También señala que los profesionales sanitarios ejercen una «función esencial en la sociedad» y que ha realizado una «labor inconmensurable» desde que estalló la pandemia: «Un número muy importante ha contraído el virus y, desgraciadamente, también algunos han fallecido. Su función les sitúa en primera línea de combate frente a la pandemia». Así, plantea que la libertad de los sanitarios no vacunados debe compaginarse con la «vida y la salud de los demás» y entiende que el hecho de que se sometan a una prueba da seguridad a sus compañeros y a los pacientes. «La molestia de esas analíticas es escasa y la incomodidad de someterse reiteradamente a esas pruebas se justifica por la gravedad de la situación pandémica, las consecuencias que esa enfermedad puede causar a quien la contrae y la necesidad de proteger a los pacientes».
Aclara que las pruebas no pueden suponer ningún desembolso económico para los sanitarios y que la administración no puede crear ficheros de datos o usar los resultados de los test para otra finalidad. Sobre el certificado en los bares, señala que la modificación supone dar una mayor claridad a la normativa existente que, señalan que provocó dudas sobre qué locales debía exigirlo y cuáles no. «La redacción establece con claridad que solo es exigible para los clientes, no para los empleados». De nuevo, concluye que se trata de una medida proporcionada que no limita la igualdad ni perjudica la intimidad de los ciudadanos al estar prohibido el almacenamiento de los datos. Las medidas entrarán en vigor desde este sábado hasta el próximo 24 de enero.