La falta de avances en la situación trágica que atraviesan los propietarios de los apartamentos Don Pepe está llenando a estos de desazón. Acostumbrados ya a una Administración que no parece estar dispuesta a facilitarles las cosas y a la espera de que el Ayuntamiento de Sant Josep les entregue de una vez las ayudas del Consell d'Eivissa, creen ahora que el alcalde, el socialista Ángel Luis Guerrero, tiene el objetivo de romper la unidad que existe en el grupo. Así lo manifestó ayer su portavoz, Silvia Hernández, quien se refirió al primer edil como alguien que «habla para sembrar dudas» entre los afectados.
Hernández reprochó a Guerrero sus palabras en la entrevista publicada por Periódico de Ibiza y Formentera el pasado domingo. Sobre todo su cuestionamiento al asesoramiento que han recibido los vecinos desde 2020: «Es una falta de respeto contra los vecinos y contra nuestro abogado. Lo dijo también en diciembre. Debe pensar que es fácil descabezar el grupo y cree que a río revuelto, ganancia de pescadores. No debe saber que yo informo de todo de forma puntual a los afectados y que nos reunimos cada vez que es necesario».
La portavoz de los vecinos de los Don Pepe puso en tela de juicio la intención del Consistorio josepí en lo relativo al reparto de las ayudas económicas del Consell d'Eivissa. En este sentido, Silvia Hernández afirmó que «hay mucho movimiento trilero». «Muchas fechas, mucha palabrería», añadió, «pero la verdad es que Guerrero no convence porque han tenido todo el tiempo para modificar el convenio y no lo han hecho. Es más, el Consell ha añadido todo lo que el Ayuntamiento pidió y, si Guerrero firmó el convenio, debía estar de acuerdo con lo que ponía».
Encuentro con Nauda
Silvia Hernández recordó también que mantuvo en diciembre una reunión con la responsable de Servicios Sociales en el municipio, Guadalupe Nauda. Un encuentro en el que, como portavoz de los afectados, le planteó diversas cuestiones relativas al reparto de las ayudas. Así, Hernández pidió a Nauda que no se tuviera en cuenta la situación económica de los propietarios; que no se les obligara a estar empadronados en el municipio y que el dinero se destinara a «cualquier gasto que tuviera que ver con los desalojos». Estas peticiones, según Hernández, fueron aceptadas por Nauda. Sin embargo, nada se ha vuelto a saber sobre las mismas. Y, lo peor para los afectados, sería que Sant Josep devolviera al Consell el dinero para que sea la primera institución insular la que lo reparta entre los vecinos. Algo que retrasaría aún más unas ayudas que deben paliar, por ejemplo, los gastos ocasionados por la necesidad de buscar una nueva vivienda, las mudanzas e, incluso, la asistencia a psicólogos y psiquiatras para sobrellevar la situación.
Los vecinos, por otro lado, confían ahora en que el recurso contencioso administrativo que preparan contra el expediente de ruina del inmueble iniciado por el Ayuntamiento tenga un resultado positivo para ellos. Hernández recordó ayer que los propietarios también tienen informes que rechazan que el edificio de apartamentos tenga que ser derribado. Y a esto sumó que, según la investigación que están llevando a cabo y en contra de lo mantenido por el Consistorio, existen en el expediente «indicios sólidos» de que sí se solicitó licencia para levantar este edificio. Es más, el proyecto contó con el visto bueno del Ministerio de Defensa y, al parecer, en la documentación están los timbres correspondientes a dos licencias para la construcción. A esto se debe añadir, señaló, «una escritura de obra nueva que contempla los dos edificios y en la que se indica que se otorga tras comprobar que todo está en regla».
«Guerrero», concluyó la portavoz de los afectados, «habla para confundir a la gente. No es verdad que un expediente de ruina acabe siempre en un derribo. Es más, un expediente de ruina puede servir precisamente para otorgar a los propietarios los permisos necesarios para poder rehabilitar el inmueble».
«Los vecinos no tocarían directamente el dinero de las ayudas»
Silvia Hernández dejó ayer claro que los afectados por el desalojo de los Don Pepe son conscientes de que las ayudas económicas del Consell que tendrán que ser repartidas por el Ayuntamiento tienen una finalidad concreta. Es más, Hernández recordó que se trata de un dinero que no llegaría directamente a manos de los propietarios y, en caso de hacerlo, sería siempre tras la presentación de las facturas correspondientes.
La portavoz de los afectados, por otro lado, se mostró indignada ante la paralización de estas ayudas a pesar de que «hay casos que son claramente urgentes». «No puede ser», lamentó, «que haya gente que lo ha perdido todo y que el Ayuntamiento amenace con devolver el dinero al Consell».