Un informe de la Policía Local de Sant Josep desvincula las fiestas ilegales de la oferta de viviendas turísticas existente en el municipio. Se trata de un documento elaborado por este cuerpo tras una petición del grupo municipal del PP y que contradice la postura del alcalde, el socialista Ángel Luis Guerrero, sobre este problema. Guerrero, en declaraciones a este rotativo, relacionó estas fiestas con la oferta de vivienda turística y planteó al Consell la necesidad de cambiar la denominación de estos establecimientos para que así los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad pudieran acceder a los mismos cuando se detectara la celebración de un evento clandestino.
El documento policial, al que ha tenido acceso Periódico de Ibiza y Formentera, señala en sus conclusiones que «los alojamientos turísticos legales, como norma general, no parecen ser el foco de emisión de las principales quejas» recibidas por la Policía Local de Sant Josep. Y añade que se refiere «sobre todo» al «desarrollo de actividades ilegales (fiestas)».
El informe también denuncia la dificultad que encuentra la Policía Local para determinar si una fiesta se celebra en una vivienda turística o no. En este sentido, señala que no es posible «constatar en muchos casos la situación ante la carencia de las debidas herramientas jurídicas para el acceso, verificación y control». Sin embargo, añade que «sí se ha dispuesto de indicios» en la estadística elaborada sobre las denuncias recibidas a lo largo de 2021. De un total de 1.444 incidencias relacionadas con «molestias por ruido y fiestas ilegales en inmuebles empleados como vivienda (residencial o alojamiento turístico legal e ilegal)», solo cinco serían fiestas ilegales celebradas «en un alojamiento turístico vacacional reglado».
El informe también contradice la postura del gobierno municipal sobre la propuesta de modificación legislativa planteada por el Consell d'Eivissa y que, entre otras cuestiones, señala la posibilidad de dejar de considerar vivienda los inmuebles de este tipo en los que se detecten fiestas ilegales. El objetivo es que la policía pueda acceder a los mismos sin necesidad de orden judicial. Hay que recordar que el domicilio cuenta con especial protección pues la Constitución ya consagra, en su artículo 18, que es inviolable y, por lo tanto, solo se puede acceder al mismo con orden judicial. Los agentes locales de Sant Josep, el municipio más afectado por estas fiestas, consideran, en contra de lo que defiende el gobierno josepí, que es «lógica la necesidad de un cambio normativo que faculte la paralización de todas esas actividades no registradas, sin perjuicio de otras modificaciones ya propuestas en el foco adecuado».
La Policía Local de Sant Josep, por otro lado, tiene claro que el incremento de las fiestas ilegales está estrechamente relacionado con las restricciones ordenadas por el Govern de la socialista Francina Armengol para hacer frente a la pandemia de COVID-19 en Ibiza. En este sentido, el informe indica que «la situación más problemática» detectada por los agentes «ha derivado de la ausencia de ocio nocturno reglado y de la aplicación de determinadas medidas limitadoras de la actividad social con motivo de la pandemia global causada por la COVID-19». Una decisión que, aseguran, «ha generado el desarrollo de actividades clandestinas carentes de título habilitante».
EL APUNTE
Casi 1.500 denuncias para pocos agentes
El informe, finalmente, constata las dificultades que tiene la Policía Local josepina para afrontar las denuncias por molestias por ruidos y fiestas ilegales que formulan los vecinos. Algo que achaca a tres factores. Por un lado, denuncia «la sobrecarga de trabajo» de la plantilla y el sistema de triaje, que «otorga preferencia a las incidencias registradas más graves sobre las que menos». Por otro lado, «las dimisiones del municipio dificultan la gestión de estas incidencias en un tiempo de respuesta reducido». Y, por último, afecta también «la dificultad para localizar determinados inmuebles, especialmente en zonas diseminadas».