La presidenta del Govern, Francina Armengol, volvió a defender este viernes en Ibiza el espíritu de la nueva Ley Turística que pretende aprobar en un plazo aproximado de tres semanas y, ante la polémica que se levantó por el nulo consenso con el que contó el texto presentado en la Feria Internacional de turismo de Madrid (FITUR), reconoció que «estamos en una fase inicial de la ley» y que lo que se presentó es «un marco de una nueva normativa turística que, por primera vez, hace posible que el turismo no sólo se enfoque para garantizar el bienestar del turista, que es algo fundamental, ni por la rentabilidad económica de las empresas, sino que se enfoque también pensando en los residentes y en los trabajadores».
Armengol reconoció que el marco en el que se va a fundamentar el futuro texto legislativo «tiene una aceptación muy alta tanto por parte del empresariado como por parte de los trabajadores y las instituciones públicas».
Aseguró, a su vez, que en estos momentos lo que queda es «todo el trámite de trabajar en la norma». «Lo importante», insistió, «es que compartimos los objetivos, que el turismo tiene que ser un hecho de impacto positivo en nuestras islas».
Uno de los más críticos con esta nueva ley turística, de la que se desconoce prácticamente todo, fue el Consell d'Eivissa. De hecho, y pese a que se presentó en Fitur hace más de 10 días, no fue hasta el pasado martes cuando el Govern balear remitió un borrador del documento a la máxima institución ibicenca para su consulta.
Además, según criticó entonces el vicepresidente insular, Mariano Juan, «se trata de un borrador que todavía están negociando entre los partidos que conforman el equipo de gobierno», por lo que recalcó que «tampoco podemos decir que sea un texto de ley serio sobre el que podamos trabajar».
Además, recordó que no tiene ningún sentido que hayan presentado un documento que no han negociado con nadie, especialmente con los consells insulares, que a la postre son los competentes en materia de ordenación turística y que serán los encargados de aplicar la ley, inspeccionar que se cumple y sancionar a los incumplidores.
Tampoco se mostraron muy entusiasmados con el texto desde la patronal ibicenca. La Federación Hotelera de Ibiza y Formentera manifestó su malestar por no haber podido participar ni opinar en su redacción y por el hecho de que las principales medidas sean plateadas únicamente para el sector hotelero. Por su parte, la CAEB avanzó que las medidas que plantea el texto van a crear un problema grave desde el punto de vista financiero y operativo al conjunto de empresas.