El nuevo director de proyectos relacionados con los fondos europeos Next Generation en el Ayuntamiento de Ibiza, el socialista Vicent Torres Benet, no tuvo que comparecer el jueves ante el pleno municipal para explicar cuáles serán sus funciones y el porqué de su contratación. La petición la había formulado el concejal de Ciudadanos en la oposición, José Luis Rodríguez. Pero, según explicó éste, el Gobierno del socialista Rafa Ruiz se escudó en «el reglamento» para evitar las justificaciones de Benet, que cobrará un sueldo anual de 43.000 euros públicos.
Rodríguez señaló que desde el Consistorio se considera que el reglamento del Pleno no contempla la posibilidad de que comparezca ante el mismo un cargo de confianza. «Tampoco lo prohibe», ironizó el concejal de la formación naranja. Pero, ante la imposibilidad de conseguir que Benet explique públicamente por qué ha sido contratado, Ciudadanos ya prepara la petición de justificaciones para la concejal responsable del área, la también socialista Elena López.
Dos cargos políticos
«Ella dejó Urbanismo para llevar los Next Generation», recordó Rodríguez, «es decir, ya hay un cargo político para gestionar estos fondos, por lo que no tiene sentido que haya otro, como Benet. Porque no podemos olvidar que es del PSOE y, además, concejal en la oposición de Santa Eulària».
Rodríguez subrayó que Ciudadanos quiere que «el Ayuntamiento tenga al mejor equipo profesional». Y, sin cuestionar abiertamente los méritos de Benet para ocupar este cargo, sí puso en duda que el Gobierno del socialista Ruiz haya «buscado a los mejores» para un área ahora mismo tan sensible como es la que tendrá que gestionar las inversiones relacionadas con los fondos Next Generation.
«Nosotros queremos saber por qué se le ha encomendado esta función a Benet cuando ya hay un cargo político, que es Elena López», abundó el portavoz de Ciudadanos, «no decimos que no lo contraten sino que queremos que expliquen los motivos por los que se le ha escogido a él».
A juicio de Rodríguez, «falta transparencia» en todo lo relacionado con la gestión de los fondos Next Generation por parte del Ayuntamiento de Ibiza. «Benet», recordó, «no tiene un perfil técnico que justifique su contratación. Además, ni siquiera es posible saber para qué proyectos se ha pedido dinero. Hay mucha falta de transparencia por parte del Gobierno de Ruiz en toda esta cuestión».
Un problema sin solución
El pleno, por otro lado, fue escenario de los habituales roces entre los diferentes partidos. La vivienda fue el punto más controvertido, al debatir una moción del PP relacionada con la necesidad de que el Gobierno central apruebe de una vez la indemnización por residencia para los funcionarios estatales que viven en Ibiza y la activación de la promoción de 120 viviendas protegidas en el solar de la antigua comisaría. La moción fue defendida por el concejal Jacobo Varela, quien recriminó al Gobierno de Ruiz no haber hecho nada para agilizar la construcción de estos inmuebles. El concejal del PP recordó que el protocolo para activar este proyecto se firmó en 2019 y que debería estar plasmado en un convenio antes de 2023.
En su moción, que no salió adelante, Varela proponía que el Ayuntamiento reclamara al conseller autonómico de Vivienda, el también socialista Josep Marí Ribas Agustinet, que resuelva «en un mes las cuestiones técnicas» pendientes con el Ministerio de Interior. También pedirle que convoque a la Administración central «para la firma del convenio». Y, en caso de que esto no fuera posible, «renunciar al protocolo» e instar a Interior «a que promueva unilateralmente la construcción de viviendas» protegidas en Ibiza.
¿Un servicio de asesoramiento duplicado?
El pleno dio luz verde con los votos del PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos y la abstención del PP a la creación de una oficina municipal de asesoramiento sobre vivienda. Esta entidad se creará mediante la firma de un convenio con el IBAVI, que cederá al Ayuntamiento durante cuatro años «un local gratis» para poder ponerla en marcha, según explicó el concejal Aitor Morrás. El Consistorio, por su parte, se hará cargo del personal aportando dos auxiliares administrativos, un arquitecto, un abogado, un trabajador social y un economista. Este último puesto será personal del Ayuntamiento, por lo que habrá que contratarlo. Y fue en este punto donde el PP denunció que se hará «como un contrato menor». Algo que, recordó Marí Bosó, «no se puede aplicar a la hora de contratar necesidades permanentes de personal».